Una semana resta para que se constituya la instancia donde comenzará la negociación del “área chica” del proyecto de ley de Presupuesto 2026: la comisión especial mixta de Presupuestos.
Presidida por la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, la comisión integrada por 13 senadores y 13 diputados estará abocada entre martes y jueves de la próxima semana a analizar las 33 partidas de gasto, que corresponden a ministerios, servicios, poderes del Estado y organismos autónomos y que dan forma al erario del próximo año, que contempla un crecimiento del gasto de 1,7%.
Esta fase fue precedida del trámite durante la primera quincena de octubre en las cinco subcomisiones especializadas de Presupuestos, donde se rechazaron 10 de las 33 partidas: el Poder Judicial, Economía, Hacienda, Justicia, Trabajo, Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Mujer y Equidad de Género y la partida del Tesoro Público.
Por lo tanto, el Ejecutivo deberá allanarse a una negociación con los parlamentarios para reponer las partidas rechazadas, además de abordar uno de los temas candentes de la discusión: la eliminación de la denominada “glosa republicana”, que le entregaba mayor flexibilidad al Gobierno entrante para desplegar su programa en su primer año de gestión.
En 2022, dicho monto superó los US$ 700 millones. La administración saliente de Gabriel Boric determinó eliminar dicha glosa y reemplazarla por una mayor flexibilidad para que el Ejecutivo pueda reasignar gasto en los primeros seis meses de su gestión, por 1% del Presupuesto, lo que equivale a cerca de US$ 900 millones.
Esta fue una de las principales propuestas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, pero generó rechazo en las candidaturas presidenciales, incluida la oficialista Jeannette Jara.
En el Ejecutivo, la estrategia que afinan el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, será que en caso de reponer la glosa republicana, se establecerá que eso no podrá implicar exceder el marco presupuestario establecido en el proyecto, que para el próximo año superará los US$ 90.000 millones.
Esto significa que, de reponerse dicha asignación, deberán redestinarse recursos desde otras partidas, lo que será uno de los principales nudos a destrabar en la conversación con senadores y diputados.
Si bien en el Parlamento se presionará para avanzar en nuevos recortes en el gasto global, en el Ejecutivo creen que el escenario será bien distinto al de la mixta del año pasado, cuando se llegó a un inédito acuerdo que implicó recortar el gasto de manera preventiva por cerca de US$ 600 millones para el año en curso, además de contratar una asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar las proyecciones de crecimiento de los ingresos del sector público, desviaciones que explicaron en parte importante el incumplimiento de la meta fiscal en 2024.
Advertencias de la Dipres
“Punto de inflexión del gasto público”.
Ese fue el título del seminario, organizado este martes por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, donde la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, lanzó una serie de advertencias respecto del escenario de presiones que enfrentará el Fisco en los próximos años, haciendo un llamado a los actores políticos a continuar con la racionalización del gasto.
La titular de Dipres participó en un conversatorio moderado por la directora de la Escuela de Gobierno de la citada casa de estudios, Andrea Repetto; el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Sebastián Izquierdo; el exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de los Andes, Matías Acevedo; y el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber.
En este marco, Martínez señaló que existen tres factores que prometen ejercer una mayor presión sobre el gasto previsto a futuro: pensiones, salud, cuidados, defensa y clima, que podrían aumentar las necesidades de gasto en un rango de 4% y 10% del PIB en los países de la OCDE hacia 2040; que las transacciones bajo la línea y los pasivos contingentes se podrían convertir en presiones de gasto; y que el escaso espacio fiscal pondrá tensión al gasto corriente versus el gasto en capital.
“Se requiere un acuerdo político transversal que respalde el desafío de la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”, señaló la ingeniera en la UC.
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