La discusión sobre la ley de Presupuestos 2026 se apronta a ingresar al "área chica" a partir de la próxima semana, cuando la comisión especial mixta inicie el análisis del erario del próximo, con el precedente de que 10 de las 33 partidas que componen la propuesta del Ejecutivo fueron rechazadas en el trámite previo. O sea, en las subcomisiones.
Uno de los antecedentes que tendrá a la mano la oposición para guiar la discusión con el Ejecutivo es un informe elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD), en el que advierte sobre la posibilidad de que el gasto público se expanda mucho más que lo esperado por el Gobierno este año, lo que inevitablemente modificará el panorama con el cual parte la ejecución del gasto para el 2026.
Titulado "Situación fiscal para 2026: más dudas que certezas", el centro de pensamiento ligado a la oposición sostiene que hay riesgos "elevados" de que los ingresos estimados para el próximo año no se materialicen en la magnitud esperada, lo cual aumentará la necesidad de recortar el gasto del próximo año por motivo precautorio".
En el caso del ejercicio presupuestario de este año, LyD observa que nuevamente se recortaron las proyecciones de crecimiento de los ingresos del sector público, acumulando una corrección de 5,4% respecto al Presupuesto aprobado por el Congreso.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) estima que los ingresos de este año crecerían 6,8% real respecto de los efectivos del 2024, similar al 6,5% de crecimiento ya acumulado a agosto de este año.
"Por componente, los ingresos provenientes de la minería acumulan a agosto un crecimiento mayor al esperado para el año, compensados por el menor crecimiento de rentas de propiedad (litio) y otros ingresos. Aun cuando los ingresos totales a agosto van en línea de la nueva proyección, la elevada volatilidad de los ingresos observada en los primeros ocho meses del año, explicado por elementos puntuales, pone un elevado grado de incertidumbre al resultado del año", agrega el reporte.
El factor estacional
Ahora, por el lado del gasto, el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) estima un crecimiento de 2,6% real este año, igual al aumento que va acumulado a agosto.
Sin embargo, observa el think tank, para alcanzar este crecimiento la autoridad compromete tres ajustes a la baja del gasto respecto de lo aprobado, en casi US$ 1.000 millones: el Acuerdo Marco para la discusión del proyecto (US$ 565 millones); un ajuste adicional para el IFP del cuarto trimestre del 2024 (US$ 89 millones); y un ajuste adicional para el IFP del primer trimestre de este año (US$ 323 millones).
Con estos ajustes, en 2025 se ejecutaría el 98,9% de lo presupuestado. Sin estos ajustes, el gasto crecería 4% real.
Ahora, el documento recalca que el gasto público tiene una "marcada estacionalidad" a lo largo del año, por lo que el avance acumulado a un mes determinado es una herramienta útil para proyectar el nivel de gasto del año.
Por ejemplo, históricamente el avance del gasto acumulado a agosto ha sido de 62% y entre septiembre y diciembre ha sido de 39,3%, terminando el año con una ejecución de 101,2%. O sea, una sobreejecución del erario.
"Esto refleja que los gastos se tienden a acumular hacia el final del año, particularmente en diciembre. A agosto del 2025 el avance fue de 64,5%, mayor al histórico a pesar de los distintos anuncios de recorte de gasto, lo que plantea la interrogante de si realmente se implementarán los ajustes anunciados", señala LyD.
Dado lo anterior, el centro de pensamiento construye dos escenarios alternativos: el primero, si la ejecución que resta entre septiembre y diciembre es similar a la del 2024 (34,4%), año en que el Gobierno ajustó el gasto y logró reducir la estacionalidad de fin de año, lo que resultaría en que la ejecución anual sería de 98,9%, en cuyo caso el gasto crecería 2,6% respecto del efectivo en 2024.
Y el otro escenario es si el avance remanente es el histórico (39,3%), lo que resultaría en que la ejecución total sería de 103,8% del Presupuesto, llevando al gasto a crecer en torno al 8% este año.
"Dada la incertidumbre que se observa en la desaceleración del ritmo de crecimiento del gasto, es muy probable que la ejecución anual del gasto superará lo estimado en el último
IFP y el déficit estructural sea mayor al 2,2% del PIB, confirmando (al igual que en los dos años previos) que la meta de balance estructural (BE) ya no es un ancla para la política fiscal", es la crítica mirada del informe.
Los otros números que levantan suspicacias
El reporte de LyD compara el escenario macro propuesto para el próximo año por la Dipres y el Banco Central en el más reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) para dar cuenta de los riesgos de que se incumplan las proyecciones de ingresos.
Y si bien enfatiza que para este año la proyección de PIB (2,5%) es similar en ambos casos, para el 2026 el Ejecutivo se aleja de la perspectiva del instituto emisor: 2,5% versus 2,2% en el caso del rango medio del ente autónomo previsto para 2026. Esto, dice LyD, "introduce un mayor riesgo de que no se materialicen los ingresos esperados, presionando aún más la sostenibilidad fiscal".
El Gobierno estima que en 2026 los ingresos totales del aparato estatal crecerán un 4,7% respecto a este año, pasando desde 22,4 a 22,9% del PIB, de la mano, entre otros factores, de la mayor recaudación de la reforma de cumplimiento tributario (0,73% del PIB); la aplicación de la acción correctiva de recuperación de US$ 200 millones de saldos no rendidos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP); y mayores ingresos del litio a través de Corfo.
"La obtención de estos mayores ingresos es incierta, por lo que, de no cumplirse, aumentaría el déficit efectivo y estructural, así como la deuda, a menos que el nuevo Gobierno aplique medidas correctivas a partir de marzo del 2026", sostiene el centro de estudios.
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Sebastian Valdenegro
