Los equipos económicos de los comandos de las candidaturas de Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos) criticaron la propuesta de establecer una “tasa portuaria” que forma parte del programa definitivo de la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmando que se trata de un “royalty portuario” que afectará al comercio exterior y al crecimiento.
Para uno de los integrantes del equipo económico de Matthei, Ignacio Briones, la propuesta es “una pésima medida que no es otra cosa que subir impuestos al comercio exterior, una actividad central para nuestro país, particularmente en tiempos de mayores aranceles en el mundo”.
Briones afirmó que “la tasa portuaria es un eufemismo para esconder un impuesto específico. Está en la línea del llamado royalty portuario que promueve el Frente Amplio y el Partido Comunista a través de una iniciativa inconstitucional en el Congreso”.
El exministro de Hacienda de la segunda administración de Sebastián Piñera sostuvo que “este impuesto o royalty no tiene lógica económica. Los impuestos específicos se justifican cuando hay una externalidad negativa (ejemplo, la contaminación). ¿Dónde está la externalidad negativa en el caso de la actividad portuaria? El argumento del royalty también es absurdo. El royalty es un impuesto específico cuya lógica se asocia a la existencia de recursos no renovables (ejemplo, el cobre). El comercio exterior y la actividad portuaria no versan sobre recursos no renovables. Es una actividad económica normal y de la mayor importancia para el país”.
Desde el equipo económico de Kast sostuvieron que “al igual que la llamada “tasa anticipada” que se pretendió aplicar a los proyectos de hidrógeno verde -bajo el argumento de financiar desarrollo local-, la propuesta de una nueva tasa portuaria ignora que los costos recaen directamente sobre los sectores que generan inversión, empleo y exportaciones, además de la inconveniencia de establecer impuestos para fines específicos, tal como establecen los principios jurídicos en Chile”.
Explicaron que “este tipo de iniciativas comparten un error estructural: confundir el desarrollo local con carga fiscal al productor, debilitando precisamente a las industrias que el país necesita fortalecer para crecer y competir, esta lógica lleva un resultado contrario, en vez de apoyar zonas de rezago o más vulnerables terminan afectando el crecimiento y las oportunidades que podrían precisamente financiar una descentralización eficaz”.
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