Un nuevo horizonte se abre para los estudiosos del país a partir del 2 de enero próximo. Desde entonces, y por primera vez, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) permitirá que los académicos de universidades que cuentan con acreditación en el área de investigación accedan al uso de la información del Registro de Información Social (RIS) que administra la cartera.
Un cambio de paradigma que pone fin también a la interrupción que afectó desde comienzos de 2018 al convenio que se suscribió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, entre la citada secretaría de Estado y solo dos universidades, la Chile y la Católica.
De dicho acuerdo había emergido un análisis que examina la relación causal entre educación superior e ingresos para aquellos estudiantes beneficiados con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual se publicará durante los próximos meses, como parte de la serie de documentos de trabajo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, elaborado por los economistas Alonso Bucarey, Dante Contreras y Pablo Muñoz.
Desde la Subsecretaría de Evaluación Social, que será la encargada de administrar la nueva relación, señalaron que la apertura de la información se realizará mediante el apego “irrestricto” a la normativa vigente, tomando todos los resguardos necesarios para proteger la privacidad de los datos, con “rigurosos” estándares de seguridad.
“A través de esta apertura, podremos establecer un procedimiento objetivo, claro y transparente de acceso a los datos del RIS, que contribuya al diseño de políticas sociales basadas en evidencia”, explicó la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
El objetivo, de acuerdo a la autoridad, es que esta información permita que los investigadores puedan estudiar en profundidad la política social para hacer una contribución a la discusión de políticas públicas, “más aún en momentos en que es necesario sumar al debate información para el diagnóstico y análisis”.
Candia subrayó que “el Estado no tiene el monopolio de las soluciones de las grandes problemáticas sociales, por lo que a través de esta instancia estamos reforzando esta alianza que nos ayudará a tener mejores políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas”.
Un hecho que fue bien recibido por el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Dante Contreras, quien fue bastante crítico sobre la falta de acceso a estos datos en los últimos meses.
“El acceso a información administrativa de forma abierta y transparente, cautelando el secreto estadístico, es lo que el Ministerio de Desarrollo Social tenía que hacer y me alegro de que lo esté haciendo”, resaltó el académico.
Agregó que, “en este contexto en que hay muchas preguntas”, los académicos podrán contribuir con evidencia a temas como el ingreso mínimo, la desigualdad y pensiones, entre otros.
Puntos clave
El acceso que otorgará la subsecretaría será innominada e indeterminada, es decir, no se podrá identificar a las personas, permitiendo a los investigadores obtener datos agregados.
Otro punto relevante que destacan desde el MDS es que el investigador no podrá sacar las bases de datos desde el ministerio, dado que “sólo podrá obtener los resultados”.
Esta iniciativa se suma a la creación que anunció esta semana la cartera de un panel de asesores para elaborar indicadores de caracterización socioeconómica sustentado en registros administrativos.
Esta instancia la integrarán la directora del Centro de Políticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto; el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo; el profesor asociado del Instituto de Economía de la UC, Francisco Gallego; y la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Carolina Velasco.
Los pasos a seguir para uso del Registro de Información Social
El RIS es un registro de datos de familias e individuos beneficiarios o potenciales beneficiarios de programas sociales, administrado por el MDS que se utiliza para el estudio y diseño de políticas, programas y prestaciones sociales y para la asignación de las prestaciones sociales que otorga el Estado.
Habrá dos etapas de postulación al año para los investigadores.La primera, desde el 2 de enero al 31 de marzo, cuyo período de evaluación irá desde el 1 de abril hasta el 31 de julio. Y la segunda, será desde el 1 de agosto al 30 de septiembre, mientras que el análisis de estas solicitudes se realizarán entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
Entre los requisitos están que el proyecto o investigación contribuya al desarrollo de políticas sociales, que presente un certificado de idoneidad del equipo de investigación emitido por el comité de ética de la universidad, que postule a través de la página web y que la universidad esté acreditada en investigación, entre otros.
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