El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, aprovechó su discurso en la inauguración de la Semana de la Construcción para respaldar varias de las medidas impulsadas por el Gobierno en materia habitacional, aunque también advirtió sobre la profunda crisis que enfrenta el sector.
Uno de los puntos que destacó el dirigente gremial fue la intención del Ejecutivo de ampliar la cobertura sanitaria en zonas urbanas que hoy no cuentan con factibilidad para desarrollar viviendas. Según señaló, cerca del 40% de la superficie urbana del país no tiene cobertura sanitaria y, de revertirse esa situación en apenas un tercio de esos territorios, se podría habilitar suelo para construir hasta tres millones de viviendas.
En esa línea, Echavarría valoró que el Gobierno haya reafirmado su compromiso para reducir el déficit habitacional y avanzar en medidas orientadas a aumentar la disponibilidad de suelo. Entre ellas, destacó las propuestas del ministro de Vivienda, Iván Poduje, así como los beneficios asociados al DFL2 y la exención transitoria del IVA para viviendas.
Respecto de esta última medida, afirmó que si bien tendría un impacto “menor” para la ciudadanía por sí sola, complementarla con la extensión del subsidio a la tasa hipotecaria sería “un camino adecuado”. Con todo, aseguró que el proyecto de ley “va en la dirección correcta” e insistió en la necesidad de acelerar su tramitación para evitar que la crisis se siga profundizando.
Obras de infraestructura
Otro de los focos del discurso estuvo en la infraestructura pública y privada. Echavarría alertó que el presupuesto destinado a infraestructura pública cayó un 17% y afirmó que la mayor parte de esos recursos corresponde a obras de arrastre, dejando un margen muy acotado para nuevas licitaciones.
Sin embargo, sostuvo que existen dos sectores capaces de reactivar la actividad: minería y concesiones. En minería, afirmó que se proyectan 59 iniciativas por cerca de US$ 105 mil millones, mientras que en concesiones detalló que actualmente existen 15 contratos en construcción, 25 ya adjudicados y otros 10 que deberían licitarse este año, sumando en conjunto alrededor de US$ 20 mil millones.
En ese contexto, también abordó la propuesta del Gobierno de eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), una de las medidas contempladas en la denominada “megarreforma” fiscal impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast.
El dirigente deslizó reparos a la iniciativa y planteó que para ejecutar los proyectos de inversión que vienen en minería y concesiones será indispensable mantener o redefinir mecanismos que permitan capacitar mano de obra.
“Tenemos que ver alguna solución a eso”, sostuvo Echavarría, agregando que las inversiones comprometidas van a demandar “mucha gente” y que será necesario fortalecer la capacitación laboral para responder a esos requerimientos.
La crisis
Más allá de las medidas específicas, el presidente de la CChC dedicó buena parte de su intervención a describir el deterioro que enfrenta la industria inmobiliaria y de la construcción.
Recordó que hace una década Chile construía cerca de 150 mil viviendas al año, mientras que hoy esa cifra ronda las 100 mil unidades. A su juicio, si el país hubiese mantenido esos niveles de producción, actualmente existirían cerca de 480 mil viviendas adicionales, equivalente a aproximadamente la mitad del déficit habitacional actual.
El dirigente advirtió que el sector enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia, con cerca de 100 mil viviendas sin vender, bajos niveles de permisos de edificación y una pérdida estimada de 180 mil empleos.
“No estamos frente a los vaivenes típicos de los ciclos económicos”, afirmó, agregando que prolongar esta situación podría comprometer estructuralmente la capacidad del sector para construir las viviendas que el país necesita.
También abordó las restricciones fiscales que afectan a la vivienda pública. Según señaló, cerca del 97% del presupuesto del Ministerio de Vivienda corresponde actualmente a obras de arrastre, dejando apenas un 3% de recursos frescos para iniciar nuevos proyectos.
“Esa es la magnitud de la crisis del sector de la vivienda pública”, sostuvo el dirigente, quien llamó a trabajar coordinadamente con las autoridades para abordar los problemas estructurales del sector.
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