Un claro rechazo a la posibilidad de que a “las personas migrantes en situación irregular se les debiera suspender el acceso a servicios del Estado como salud y educación” expresó el Panel UC.
Un 80% se mostró contrario a dicha afirmación, mientras un 20% respaldó el planteamiento como parte de la medición de octubre realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero.
“Esta es una discusión que está presente en toda la sociedad chilena, especialmente en este momento de elecciones y, por lo tanto, nos pareció relevante plantearlo a nuestros panelistas a través de una afirmación bastante provocativa”, expuso el director del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno UC, Roberto Méndez, al referirse a la consulta hecha al grupo que reunió las respuestas de 21 profesionales economistas y no economistas y de distintas sensibilidades políticas.
“En una situación electoral hay mucha expresión de estas posiciones más extremas antimigrantes (...) pero también está la visión de que son seres humanos”, señala Méndez.
Dado lo anterior, dice que les llamó la atención el alto y amplio disenso con lo planteado, lo que creen confirma este como un conflicto que está viviendo la sociedad y pone de manifiesto la dualidad frente al tema.
A juicio de Méndez, hay una “posición dura frente a la migración, pero también un sentimiento de que hay derechos, que hay personas y seres humanos detrás de esta realidad y que no pueden ignorarse”.
En esta misma línea, el académico advierte que entre las razones que dan los expertos en desacuerdo con terminar con los accesos para los extranjeros, “es que algunos servicios muy básicos como salud y educación, sí debieran mantenerse fundamentalmente por motivos de derechos humanos”.
Otros motivos se relacionan, por ejemplo, con “que los niños no pueden dejar el colegio, aunque sus padres sean migrantes de manera irregular”. Y acota: “No se les puede negar a los niños la posibilidad de recibir educación”, porque si no asisten “se producirían otros problemas, probablemente más graves”.
“Sociedad conflictuada”
De todas formas, Méndez rescata que los panelistas a pesar de estar en desacuerdo con suspender el acceso a educación y salud, sí consideran factible limitar el acceso a otros beneficios del Estado, como podrían ser subsidios o a la vivienda, de forma de generar un incentivo a que se regularicen.
Comenta que algunos expertos incluso señalan que “deberían tener acceso a salud, por ejemplo, pero solo en casos de urgencia -una situación humanitaria-, no para cualquier servicio”.
El también profesor de la UC manifiesta que “el Panel, en cierta manera, refleja esta dicotomía de temor: por una parte, de tomar una posición más agresiva con respecto a los migrantes; pero, por otra, están estas otras visiones, que podríamos llamar con consideraciones más humanitarias o más hospitalarias hacia ellos, que han planteado diversos sectores, como por ejemplo la Iglesia Católica”.
Méndez enfatiza que “la sociedad está conflictuada entre estas dos posiciones; y, claro, en una situación electoral como la que estamos viviendo, hay mucha expresión de estas posiciones más extremas antimigrantes, de rabia contra estas personas que vienen a competir por los trabajos, por los servicios; pero también está la visión de que son seres humanos”.
En su opinión, en la mayor parte del mundo se vive esta dicotomía de la dureza versus la hospitalidad. “Está presente y no se ha encontrado solución, en Europa está clarísimo y en Estados Unidos también y predominan una u otra de las posturas en los procesos políticos, o sea, el problema migratorio es un componente central del proceso político de muchos países en el mundo, Chile incluido”, reflexiona.
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Rodolfo Carrasco
