Quijada también destaca el alto número de personas (76%) que considera necesaria una reforma con cambios importantes en el Estado para mejorar la entrega de sus servicios. Un nivel de respuesta estable desde 2002 (75%).
La corrupción sigue siendo parte del top ten de temas que la población considera que el Gobierno debiera esforzarse en solucionar, constató la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Se trata, al parecer, de una preocupación persistente, pero estable.
La medición de septiembre-octubre mostró que el 17% cree que debería estar entre las prioridades, en circunstancias que en las dos mediciones previas de este año era 19% y 18%.
De hecho, la encuesta detectó que un 40% de los consultados cree que “hay mucha gente involucrada” en actos de corrupción en el servicio público del país. A mediados de 2024, un 45% lo creía y hacia el segundo semestre de 2023 un 54%.
En ese 40% priman hoy las mujeres, así como las personas de zonas rurales, quienes tienen entre 18 y 29 años, de izquierda y de regiones como Coquimbo y Valparaíso.
Frente a este cuadro, sí subió a 23% quienes ven “un número moderado de personas están involucradas” en corrupción y a 14% quienes ven “un pequeño número de personas están involucradas”.
Al profundizar en las prácticas más extendidas entre las autoridades públicas, persiste en el primer lugar “ubicar a sus familiares y amigos en puestos de poder, con un 31% de las menciones.
Aquí son los hombres los ue tienen la visión más crítica (34%), de la zona urbana (32%) -sobre todo del centro del país-, con enseñanza media completa (38%), entre 45 y 59 años (34%) y de sensibilidad política de derecha (36%).
Otra práctica que persiste en el tiempo es “usar información o fondos públicos en beneficio propio”, que fue mencionada por el 25% de los consultados.
“Cifra nada despreciable”
La investigadora y coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, explica que ya suman tres años con preguntas sobre la percepción de qué tan extendida está la corrupción. La primera vez fue cuando saltó el caso Fundaciones.
En este momento, más del 50% decía que mucha gente estaba involucrada en casos de corrupción y ahora -pese a lo ocurrido con las licencias médicas- hay una baja a 40%.
Una cifra, destaca Quijada, “nada de despreciable”.
Por lo mismo, cree que se entiende por qué los más críticos son mujeres, jóvenes y de menor situación socioeconómica. “Se sienten más golpeadas directamente con estos temas, sobre todo con casos como el de las fundaciones y el de los funcionarios públicos y las licencias médicas”, opina.
Y sobre los llamados pitutos, la investigadora dice que esta dimensión es “probablemente lo que (la gente) ve en su día a día. Donde en la municipalidad ponen al familiar o en algún servicio público donde el familiar x consigue cierto favor”, señala.
Esta mirada la compara, por ejemplo, con otra de las prácticas que el CEP destaca: “Influenciar la asignación de recursos a su organización, a la de los cercanos”, que solo es mencionada por un 8% de los encuestados.
“Eso tiene un porcentaje bajo, porque eso está más lejano de la opinión pública. Para la gente es más visible la ubicación de los familiares y los amigos en puestos de poder, igual que usar información o fondos públicos en beneficio propio”, añade.
Quijada también destaca el alto número de personas (76%) que considera necesaria una reforma con cambios importantes en el Estado para mejorar la entrega de sus servicios.
Un nivel de respuesta estable desde 2002 (75%) y que se da en un contexto donde un 39% opina que los servidores públicos tratan “casi siempre o con frecuencia”“justamente” a las personas, un 29% “ocacionalmente” y un 30% “rara vez/casi nunca”.
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Rodolfo Carrasco
