Jornada laboral: ahora viene el turno de las 42 horas
Después de un 2025 sin cambios en materia de jornada laboral, en el año que se avecina entrará en escena la “segunda parte” de la llamada Ley de 40 horas que comenzó a regir en 2024, ya que el 26 de abril de 2026 las empresas del sector privado deberán volver a reducir sus tiempos de trabajo, esta vez pasando de 44 horas semanales a 42 horas semanales.
Un cambio no menor, pero que los actores esperan aplicar con una mayor certeza, ya que desde la Dirección del Trabajo se han ido aclarando algunos aspectos, por ejemplo, que las horas a reducir no se pueden distribuir en minutos diarios y que el tiempo destinado a la colación no puede tocarse.
Un 2026 en el que probablemente continuará el interés de las empresas en conseguir el Sello 40 Horas, una certificación que otorga gratuitamente el Ministerio del Trabajo a las compañías de todo tamaño o rubro, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 o menos horas semanales, “como una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir”.
De hecho, de acuerdo a datos de la citada cartera, 1.087 empresas han conseguido la certificación, entre las que se cuentan FirstJob, Caja Los Andes, Detacoop, Coopeuch, Wom y Enami.Con todo, la legislación en cuestión completará su implementación recién en abril de 2028, cuando además de bajar a 40 horas, entrarán en vigencia normas relacionadas al límite mensual de la jornada de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana; nueva jornada laboral para los tripulantes de vuelo y de cabina; entre otros.
Las definiciones clave en la puesta en marcha de la reforma previsional
La implementación de la reforma de pensiones será uno de los desafíos ineludibles con los que se enfrente la próxima administración.
Si bien la puesta en marcha total tiene contemplado por Ley unos 36 meses desde la publicación que fue en marzo de este año, hay una serie de plazos e hitos importantes que se cumplen en 2026.
Pero, sin duda, la primera definición que deberá tomar el Gobierno entrante será sobre la continuidad del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien tiene un rol crucial en la implementación. El histórico regulador cumplirá en febrero 10 años en el cargo, luego de haber pasado por las administraciones de Bachelet II, Piñera II y Boric. Así, el nuevo Presidente deberá decidir si lo mantiene o si cambia de timón. En caso de que la determinación sea removerlo, deberá hacerlo como parte de las denominadas “12 balas de plata”, al ser el cargo de superintendente de pensiones electo por Alta Dirección Pública (ADP).
En marzo de 2026, se cumple el período establecido en la Ley para nombrar al consejo asesor para el proceso de licitación de un 10% de la cartera del stock de afiliados. En junio, vence el plazo máximo para publicación del régimen de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). En septiembre, la Superintendencia deberá emitir el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales, el que deberá contar con la luz verde del Consejo Técnico de Inversiones (CTI).
En otras materias, en agosto del próximo año, entra en vigencia la segunda gradualidad para la cotización adicional. Un mes después, se inicia el pago del beneficio de la cotización con rentabilidad protegida (emanado del mecanismo conocido como préstamo) y comienza a pagarse el alza de la PGU al segundo tramo, a personas de 75 años o más.
El debut oficial de la nueva ley de permisos sectoriales
Tras su publicación el 29 de septiembre en el Diario Oficial, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca reducir los tiempos de tramitación de permisos para un proyecto de inversión, enfrenta el desafío de su implementación. La meta de la actual administración es que el grueso de la legislación quede operativa en marzo del próximo año, antes del cambio de Gobierno.
De hecho, si bien con la publicación de la iniciativa ya hay disposiciones que comenzaron a operar, como la tramitación paralela de permisos que elimina el hecho de que un servicio exija como requisito tener otras autorizaciones previas para comenzar una tramitación (salvo que la ley lo indique expresamente), varias medidas debutarán con el correr del tiempo. Así, se espera que en el próximo Gobierno se observe ya en la práctica cómo opera esta nueva legislación.
En concreto, varias de las disposiciones clave de la ley contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria. Según se ha informado, estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación.
Con esta ley se estima una reducción en más de 30% los tiempos de tramitación de grandes proyectos y hasta un 70% de proyectos habitualmente desarrollados por MiPYME y cooperativas de menor tamaño.
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