Seguridad Ciudadana: la promesa pendiente del gobierno de Piñera

Por Claudia Betancourt M.




La delincuencia sigue siendo la gran piedra en el zapato del gobierno. El propio presidente Sebastián Piñera reconoció en una entrevista televisiva las deudas en esta materia. “Nuestra principal deuda creo que está en el campo de la seguridad ciudadana, donde hemos avanzado bastante, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer”.

Y es que en su “programa de gobierno para el cambio, el futuro y la esperanza” extensos párrafos a la derrota de la delincuencia “que los gobiernos de la Concertación no han sabido resolver”. En ese documento, se atribuía esa “ineficacia” a la carencia de una autoridad política responsable del combate a la delincuencia “lo que imposibilita la existencia de un mecanismo eficaz de mando y rendición de cuentas”. Todo en el marco de la consigna “delincuentes, se les acabó la fiesta” y el determinado fin de la puerta giratoria.

Así, en el papel, comprometía tres ejes: reformas institucionales, modificación de las prioridades de política y más y mejor información para combatir eficazmente la delincuencia. De esta manera, surgía la necesidad de instaurar el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, la que finalmente, terminó siendo la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, el avance en los otros focos son percibidos de manera muy distinta por el propio gobierno, los expertos y la ciudadanía.

En esa línea y en lo que será el último presupuesto que ejecutará a cabalidad la actual administración, se prevé un incremento de alrededor de 3% en los recursos destinados a este objetivo.




Los análisis del gobierno 


El subsecretario (s) de Prevención del Delito, Vinko Fodich, precisa que el Ejecutivo trabaja básicamente en tres frentes: prevención social y situacional a través de programas sociales junto a la recuperación de espacios públicos con el plan “Plaza Segura”; el aumento del control policial a través de la ampliación de la cobertura del plan cuadrante a comunas cada vez más pequeñas; y la focalización en los programas de rehabilitación y reinserción que desarrolla Gendarmería.

“Estamos todos preocupados por la delincuencia. Si bien hoy tenemos las cifras más bajas de los últimos cinco años, tenemos una meta en seguridad ciudadana que es llegar a un 28% de victimización”, explica Fodich. Añade que “en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana - Enusc, recibimos al país con un 33%, queremos llegar a un 28% y estamos a mitad de gobierno, a mitad de camino de la meta”.

Y tiene proyecciones auspiciosas: “Creemos que la victimización viene en baja en 2012. El resultado se conoce a principios de 2013, pero todo indica que debiera bajar”.




Consejo de expertos


Pero ¿cuáles son las principales aprensiones en esta materia? Expertos coinciden en que la clave está en focalizar los recursos en aquellos planes y programas que realmente tengan efecto en la gente.

La directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, sostiene que es necesario que el Presupuesto 2013 ponga énfasis en la prevención de la delincuencia en barrios vulnerables para reducir las oportunidades de que se cometan delitos, facilitar la acción de la policía y que los vecinos puedan apropiarse efectivamente de esos espacios. “Es urgente extender el Programa Vida Nueva en al menos 20 comunas. Actualmente, este programa -desarrollado inicialmente por Carabineros y que detecta aquellos niños y jóvenes que ingresan a las comisarías por delitos- funciona en ocho comunas de la Región Metropolitana y se espera su ampliación a otras seis. Pero lo cierto es que desde 2010, sólo se ha logrado su aplicación en ocho comunas”.

En materia penitenciaria, dice Blanco, se debe considerar un aumento en los recursos para los programas de reinserción y rehabilitación de los condenados, especialmente, incrementar el presupuesto al Programa 02 de Gendarmería. ”Allí está incluido todo lo que tiene que ver con inserción y rehabilitación, es decir, laboral, salud mental, tanto en régimen cerrado, abierto y semiabierto, lo que debe complementarse con el presupuesto de Senda para efectos de atención a adicciones”.

También recomienda enfatizar el apoyo a las nuevas penas sustitutivas y prevér presupuesto para las intervenciones previstas, “así como continuar con la extensión a todo el país de los Tribunales de Tratamiento Drogas, presentes actualmente en 22 Juzgados de Garantía en seis regiones del país”, entre otras sugerencias.




“Sin resultados”


El ex subsecretario del Interior y actual diputado por Santiago, Felipe Harboe, recuerda que en la discusión presupuestaria del año pasado él planteó un conjunto de objeciones al presupuesto en materia de seguridad. “Las observaciones que hice en aquella oportunidad han sido confirmadas por la práctica. Lamentablemente, hay una mala evaluación de los programas Barrio en Paz Comercial y Barrio en Paz Residencial. Tenemos un porcentaje importante de esos barrios donde la victimización ha subido, y los programas de gobierno no están dando resultados positivos en materia de seguridad”.

Este año, plantea Harboe, debe haber una discusión más profunda en materia presupuestaria “en aquellos ítems que destinen recursos a programas que no están generando impactos reales en la victimización de la gente”.

En tanto, la directora de la ONG Activa y ex jefa de la División de Seguridad, Gloria Requena, dice que “el presupuesto debe reflejar las principales preocupaciones de los chilenos. Para eso existen las mediciones y las encuestas, una de ella es la Enusc. Si uno hace la lectura correcta coloca en primer lugar a la delincuencia. Pero, el estudio que hace el gobierno es que su segunda prioridad es la seguridad y la primera la pobreza”.

Requena señala que al revisar los presupuestos de los tres últimos años, se puede concluir que son de continuidad. “Incluso, han hecho producciones temerarias, en el caso de la Subsecretaría de Prevención de Delito, con una reducción de la atención de victimas de un 24%. En 2010, el presupuesto de asistencia a víctimas era de casi $6.000 millones; y al 2012, es de 
$ 4.400 millones de pesos. Es decir, tenemos más victimas y más delitos pero menos recursos para atender esas victimas”.

Afirma que “algunas autoridades de gobierno están viviendo una realidad paralela. Creen que la delincuencia ha bajado. Y cuando uno recorre los barrios y el país, esto no está ocurriendo. De hecho la Fundación Paz Ciudadana que no es de oposición, ha señalado que la victimización va en alza”.

A ello se agregan los indicadores de la Cámara de Comercio y la encuesta del INE que, añade, indican que ha aumentado la victimización.

“Entonces tenemos tres indicadores que nos señalan que el delito va al alza y eso es un problema, por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad y cambiar la estrategia que se está utilizando y que hoy no ha dado resultados”.