Tras una extensa jornada de análisis, el Senado aprobó por 25 votos a favor y una abstención, el proyecto de acuerdo donde se fija una postura de Estado frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado a conocer el lunes.
En la ocasión, la Cámara Alta refrendó que no hay temas limítrofes pendientes con Perú y que el propio Senado velará porque la implementación de la resolución resguarde y respete los derechos y legítimos intereses de Chile. Sin embargo, el Senado lamentó “profundamente”, que a pesar de no acoger la tesis peruana, la Corte haya efectuado una reducción de una parte de la zona económica exclusiva de Chile al establecer que el límite marítimo alcanzará solo hasta las 80 millas.
“Discrepamos de la visión de una mayoría simple de la Corte, que no obstante reconocer la existencia de un acuerdo de frontera y límite entre Chile y Perú estableció que ese límite llega a 80 millas, votado por una mayoría de 10 votos a favor y seis en contra, desconociendo de esta forma, innumerables documentos y antecedentes. Esta determinación de la Corte es arbitraria y carece de todo fundamento jurídico”, leyó Pizarro.
Al respecto, el senador Hernán Larraín (UDI), explicó que “el cumplimiento del fallo, a juicio del Senado queda amarrado a tres elementos. Primero, que el Perú reconozca el Hito 1, como el punto de limite terrestre y marítimo que sella la frontera entre ambos países. Dos, que Perú incorpore los conceptos del derecho del mar y, por lo tanto, distinga lo que es mar territorial de la zona económica exclusiva, porque los confunde. Y tres, que no haya más temas limítrofes entre ambos países, cuestión que deberá ser declarada por ellos durante la aplicación de este fallo. Nosotros vamos exigir el cumplimiento del fallo junto a estas tres condiciones las que para nosotros son esenciales”.
En tanto, el senador DC y ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, planteó que “esta unanimidad con la que se aprobó este acuerdo es una señal que implica demostrar que Chile está unido como un todo tras la defensa del interés nacional, entendiendo que la política exterior es una política de Estado”.
Sobre el fallo del tribunal dijo que “no tiene fundamentos en los documentos y antecedentes que han estado en juego durante este alegato”.
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