Un total de 535 indicaciones
presentaron hasta el mediodía de hoy senadores de distintas tendencias
políticas y el Ejecutivo al proyecto sobre Ley General de Educación (LGE) que
cumple su segundo trámite en el Senado.
Si bien el plazo para hacer llegar las propuestas para modificar y
perfeccionar la iniciativa venció hoy, no se descarta que éste se pueda ampliar
pues hubo varios senadores que anunciaron indicaciones y no lo hicieron.
Del total de indicaciones presentadas, 310 son de autoría del senador Alejandro
Navarro (PS), quien durante todo el proceso de audiencias previo a la votación
general de la LGE
anticipó su intención de introducirle cambios a la iniciativa.
En tanto, 13 indicaciones son del Ejecutivo y las restantes corresponden a
los senadores Mariano Ruiz-Esquide (DC), Carlos Bianchi (Indep.), Carlos Cantero (Indep.), Juan Pablo
Letelier (PS), Jaime Naranjo (PS), Antonio Horvath (RN), Guillermo Vásquez (PRSD), Adolfo Zaldívar (Indep.);
además de Ricardo Núñez (PS) y Mariano Ruiz- Esquide (DC) en conjunto.
Dada la gran cantidad de indicaciones presentadas, la que se compara con las
que se presentaron durante la tramitación de la reforma previsional, se espera
que la próxima semana esté elaborado el boletín correspondiente que permita
conocer en detalle los cambios propuestos por los senadores y el Ejecutivo.
No obstante, durante la discusión en general del proyecto los parlamentarios
anticiparon que las modificaciones apuntan a aumentar la presencia de la
educación técnica y superior en dicho cuerpo legal, a fortalecer la educación
pública, a sancionar el bullyng o matonaje escolar, entre otros.
Marco General
Cabe recordar que la iniciativa tiene por objeto establecer un marco general
y ordenador de la educación chilena, especialmente en lo que se refiere a la
enseñanza parvularia, básica y media, que permita ofrecer a todos los chilenos
el acceso a una educación de calidad, independientemente de su condición
socioeconómica.
El proyecto establece la libertad de enseñanza en tres ámbitos: como
el derecho preferente y primordial de los padres de escoger el establecimiento
educacional para sus hijos; como el derecho a abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales, que incluye el derecho a elaborar los planes y
programas propios de estudio, y como el derecho del establecimiento educacional
para optar libremente a ser reconocido oficialmente por el Estado, caso en el
cual deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos.
Asimismo, reconoce el derecho a la educación de carácter universal
estableciendo como deber del Estado, financiar un sistema gratuito de 14 años
de escolaridad, así como su obligación de resguardar una igualdad de
oportunidades y de velar por la calidad de la educación. Al mismo tiempo,
establece que el Estado debe asegurar el buen uso de los recursos públicos y proveer
de información a todos los actores del sistema educacional, a fin de promover
la transparencia.
El proyecto también refuerza el derecho a la educación, con especial
énfasis en la equidad y en la no discriminación de los alumnos. Con el fin de
asegurar y promover la igualdad de oportunidades de los alumnos en el sistema
educativo, se establecen normas que prohíben los procesos de selección de
alumnos en establecimientos subvencionados por el Estado hasta 6° básico, a
objeto de garantizar la no discriminación arbitraria y excluir causales basadas
en la condición socio- económica de los alumnos.
Por otra parte, se resguarda el derecho a la educación de las alumnas, de
modo que el embarazo y la maternidad no constituyan impedimento para el ejercicio
de su derecho a la educación.
También se prohíbe expulsar alumnos a causa del rendimiento escolar o
repitencia, así como su expulsión durante el año académico por el no pago de
colegiaturas u otros compromisos.
La iniciativa reconoce el derecho a una educación de calidad, regulando el
deber del Estado de velar por ésta. Para garantizarla, se crea el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la
Calidad, integrado por la Superintendencia
de Educación; la Agencia
de Calidad y el Consejo Nacional de Educación.
Junto con ello, reemplaza la actual estructura curricular por:
educación básica de 1° a 6° año y educación media, también de 6 años, cuatro de
los cuales serán de formación general y los dos últimos de formación
diferenciada.
Finalmente, la LGE
aumenta los requisitos para los sostenedores, quienes deberán tener como giro
único la educación y acreditar una solvencia financiera determinada para
incorporarse al sistema.
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