Senadores presentaron más de 500 indicaciones a la LGE

Un total de 535 indicaciones presentaron hasta el mediodía de hoy senadores de distintas tendencias políticas y el Ejecutivo al proyecto sobre Ley General de Educación (LGE) que cumple su segundo trámite en el Senado.

Si bien el plazo para hacer llegar las propuestas para modificar y perfeccionar la iniciativa venció hoy, no se descarta que éste se pueda ampliar pues hubo varios senadores que anunciaron indicaciones y no lo hicieron.

Del total de indicaciones presentadas, 310 son de autoría del senador Alejandro Navarro (PS), quien durante todo el proceso de audiencias previo a la votación general de la LGE anticipó su intención de introducirle cambios a la iniciativa.

En tanto, 13 indicaciones son del Ejecutivo y las restantes corresponden a los senadores Mariano Ruiz-Esquide (DC), Carlos Bianchi (Indep.), Carlos Cantero (Indep.), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Naranjo (PS), Antonio Horvath (RN), Guillermo Vásquez (PRSD), Adolfo Zaldívar (Indep.); además de  Ricardo Núñez (PS) y Mariano Ruiz- Esquide (DC) en conjunto.

Dada la gran cantidad de indicaciones presentadas, la que se compara con las que se presentaron durante la tramitación de la reforma previsional, se espera que la próxima semana esté elaborado el boletín correspondiente que permita conocer en detalle los cambios propuestos por los senadores y el Ejecutivo.

No obstante, durante la discusión en general del proyecto los parlamentarios anticiparon que las modificaciones apuntan a aumentar la presencia de la educación técnica y superior en dicho cuerpo legal, a fortalecer la educación pública, a sancionar el bullyng o matonaje escolar, entre otros.


Marco General

Cabe recordar que la iniciativa tiene por objeto establecer un marco general y ordenador de la educación chilena, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza parvularia, básica y media, que permita ofrecer a todos los chilenos el acceso a una educación de calidad, independientemente de su condición socioeconómica.

El proyecto establece la libertad de enseñanza en tres ámbitos: como el derecho preferente y primordial de los padres de escoger el establecimiento educacional para sus hijos; como el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que incluye el derecho a elaborar los planes y programas propios de estudio, y como el derecho del establecimiento educacional para optar libremente a ser reconocido oficialmente por el Estado, caso en el cual deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos.

Asimismo, reconoce el derecho a la educación de carácter universal estableciendo como deber del Estado, financiar un sistema gratuito de 14 años de escolaridad, así como su obligación de resguardar una igualdad de oportunidades y de velar por la calidad de la educación. Al mismo tiempo, establece que el Estado debe asegurar el buen uso de los recursos públicos y proveer de información a todos los actores del sistema educacional, a fin de promover la transparencia.

El proyecto también refuerza el derecho a la educación, con especial énfasis en la equidad y en la no discriminación de los alumnos. Con el fin de asegurar y promover la igualdad de oportunidades de los alumnos en el sistema educativo, se establecen normas que prohíben los procesos de selección de alumnos en establecimientos subvencionados por el Estado hasta 6° básico, a objeto de garantizar la no discriminación arbitraria y excluir causales basadas en la condición socio- económica de los alumnos.

Por otra parte, se resguarda el derecho a la educación de las alumnas, de modo que el embarazo y la maternidad no constituyan impedimento para el ejercicio de su derecho a la educación.

También se prohíbe expulsar alumnos a causa del rendimiento escolar o repitencia, así como su expulsión durante el año académico por el no pago de colegiaturas u otros compromisos.

La iniciativa reconoce el derecho a una educación de calidad, regulando el deber del Estado de velar por ésta. Para garantizarla, se crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, integrado por la Superintendencia de Educación; la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación.

Junto con ello, reemplaza la actual estructura curricular por: educación básica de 1° a 6° año y educación media, también de 6 años, cuatro de los cuales serán de formación general y los dos últimos de formación diferenciada.

Finalmente, la LGE aumenta los requisitos para los sostenedores, quienes deberán tener como giro único la educación y acreditar una solvencia financiera determinada para incorporarse al sistema.