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Publicado: Miércoles 21 de septiembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Una inusual situación denunció la semana pasada CMPC ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco del juicio que el organismo lleva adelante por el caso de colusión de las papeleras. Según denunciaron los abogados de CMPC -el estudio Claro y Cia.- el representante de uno de los involucrados en el caso -y que además es testigo en la causa- habría intentado extorsionar a la firma, a propósito de la declaración que debía rendir su representada, la ex ejecutiva de CMPC Cecilia Haberle, en el tribunal.
Según relataron, el abogado Pedro Toledo (que representa a Haberle) habría solicitado una reunión con el también integrante del estudio Cristián Lagos García de la Huerta, sin especificar el motivo de la misma. “En la reunión referida el señor Toledo le señaló al señor Lagos que estaba asesorando a doña Cecilia Haberle. Le señaló además que le pedía transmitiera a los suscritos que en la audiencia testimonial a la que estaba citada hoy (el pasado 15 de septiembre) la señora Haberle haría una declaración muy perjudicial a los intereses de CMPC en este juicio, salvo que se le pagara una cantidad de dinero cuyo monto no especificó. El señor Toledo señaló también la señor Lagos que la declaración negativa de la señora Haberle le podría costar a CMPC US$ 60 millones”, informó CMPC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.