Ex Masvida deberá pagar $ 1.350 millones adicionales a fondo interisapres
Superintendencia de Salud actualizó los aportes que se deben hacer las isapres a este fondo para disminuir los riesgos de enfermedades AUGE.
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Recursos extra a desembolsar tendrá que contemplar lo que queda de la fallida ex isapre Masvida. Esto porque la Superintendencia de Salud definió el monto de las compensaciones que deben realizar las aseguradoras como aporte al fondo interisapre correspondientes al primer semestre de 2017.
Este instrumento surgió a raíz de la implementación del plan AUGE, donde las empresas con menor carga de usuarios con enfermedades garantizadas aportan recursos que permiten compensar a las que tienen una mayor población usuaria del beneficio de 80 patologías, sistema que se actualiza cada seis meses.
De este modo, tres isapres -Masvida, Nueva Masvida y Cruz Blanca- deberán aportar recursos por $ 1.591 millones por el período enero-junio, llevándose la mayor proporción la entidad que hoy está en proceso de reorganización judicial, con $ 1.350 millones.
El problema de esto, es que la institución aún no hace los traspasos correspondientes al año 2016, que la mantienen con una deuda de $ 1.467 millones.
De hecho, las isapres del grupo que recibe los aportes, donde Banmédica es la que más recursos recibe, iniciaron acciones legales para exigir el pago de dichos fondos con las garantías financieras que mantenía la Superintendencia de Salud liderada por Sebastián Pavlovic.
Banmédica, Vida Tres, Consalud y Colmena interpusieron recursos de protección en contra de la Superintendencia de salud para que haga efectivo el pago de dichos fondos. La acción legal está en la Corte de Apelaciones de Santiago y se encuentra en acuerdo, por lo que pronto podría conocerse el fallo.
Si la justicia accede a concretar esos aportes con cargo a los recursos que mantiene el regulador, se sumarán a los $ 57.800 que la ex Masvida debe cancelarse a los afiliados (por conceptos como licencias médicas) y los $ 79 mil millones que se le adeuda a los prestadores (clínicas y centros de atención ambulatorios).
Esto, en circunstancias que los fondos de garantías apenas ascienden a $ 83 mil millones.