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Publicado: Martes 25 de agosto de 2015 a las 04:00 hrs.
Tras meses de haber sido incautado desde La Moneda el computador del ex director socio cultural de la presidencia Sebastián Dávalos, el OS-9 de Carabineros determinó que gran parte de la información almacenada en el disco que utilizaba en las dependencias de La Moneda cuando ejercía dicho cargo había sido borrada.
Según explicó ayer el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, esta situación se debió a la existencia de un protocolo dictado antes de la llegada de la actual administración, que establece que "esa información se respalda a solicitud del titular y de la información que requiere. De lo contrario, son borrados y entregados a nuevos funcionarios".
El portavoz aclaró que, "en este caso hubo, un respaldo de los correos electrónicos como corresponde, los que fueron entregados a la fiscalía". Así también, insistió en lo que ha sido la tesis del gobierno en el marco de los procesos judiciales que hay en curso y que atañen a organismos del Estado, enfatizando que "lo que corresponde es que los fiscales hagan su trabajo y cualquier información, antecedente que puedan requerir van a contar siempre con nuestra total colaboración, porque es también parte del interés del gobierno que se esclarezcan completamente hechos como estos".
El PC del hijo de la mandataria fue requerido en marzo pasado por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, quien investiga la posible participación de funcionarios públicos en la controvertida compra de terrenos que se llevó a cabo en Machalí por parte de la empresa Caval, propiedad en un 50% de la nuera de Bachelet, Natalia Campagnon, que indaga el posible uso de información privilegiada por el cambio de uso de suelo.
Ayer, por su parte, Toledo explicó que agotará todas las instancias para acceder a dicha información, acudiendo incluso al FBI. "No voy a descartar nada que tienda a recuperar información y a esclarecer el hecho investigado", sostuvo al ser consultado sobre dicha opción.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.