Por A. Pozo y J.C. Prado
Una demanda que solicita la nulidad absoluta del contrato de inversión firmado entre el poder Ejecutivo de Uruguay y la sociedad conformada por Arauco con la sueco-finlandesa Stora Enso, que impulsa la construcción del proyecto Montes del Plata, presentó la Fiscalía de ese país.
Según consignó Reuters, la iniciativa fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 16 Turno de Montevideo, por el fiscal Enrique Viana.
En conversación con DF, dicha autoridad asegura que “la Fiscalía entiende que el contrato supone un condicionamiento a los tres poderes del Estado”.
Montes del Plata es un proyecto que fue anunciado en enero de este año y que implica la construcción de una planta de celulosa de 1,3 millones de toneladas de producción y una inversión de
US$ 1.900 millones. Si no hay retrasos, debería estar operativa el primer semestre de 2013.
En ese sentido, cercanos al proyecto explicaron que esta denuncia no pone en riesgo la construcción de la planta, su timing ni tampoco la operación de la misma. Actualmente, la planta de Arauco y Stora Enso lleva cerca de un 8% de avance.
En los próximos días, la jueza que verá el caso, Cristina Crespo, deberá ver la admisibilidad del recurso y posibles acciones a tomar.
Contrato confidencial
Viana explica que este requerimiento viene de un proceso que se remonta hace un año atrás, cuando se tuvo conocimiento que había negociaciones con el Estado para establecer un contrato.
“Cuando se estaba pidiendo información (de las características del acuerdo) se anunció que se había aprobado el proyecto y el contrato, pero éste no fue divulgado”, explica el fiscal.
Tras una serie de solicitudes mediante la justicia y sistema de información pública -relata Viana- se modificó el contrato quitando la cláusula de confidencialidad que impedía que fuera público. Tras eso, el documento pudo ser analizado por la fiscalía, que depende administrativamente del Ministerio de Educación y Cultura, pero que es autónomo para impulsar causas en busca de intereses generales.
Así, Viana agrega que el contrato establece un estatuto de excepción para la empresa, que se regirá por un derecho y juez ajeno al país. “La Fiscalía entiende que este mecanismo atenta contra el concepto de soberanía”,. Agrega que “de alguna manera el escrito anticipa que los actos administrativos futuros del Estado van a ser favorables a los intereses de la empresa”.
Esto, continúa, porque el acuerdo asegura la entrega de una serie de permisos y autorizaciones en materia forestal, ambiental, portuaria, así como la concesión de una zona franca. También se establecen plazos de tramitación y se hace referencia a la estabilidad jurídica, por lo que ante cualquier cambio en materia legislativa que implique una “alteración en la ecuación económica de la empresa, ésta puede reclamar alguna compensación o alternativa que indemnice esa situación”.
Además, le dejaría a la sociedad la posibilidad de que cualquier controversia se resuelva con un arbitraje internacional. “El contrato predispone todo lo ambiental, tributario y otras materias. Hay un condicionamiento de la voluntad del Estado”, dice el fiscal.
Agrega que este es el primer contrato de este tipo que firma el Estado de Uruguay con una empresa, por lo que insistirán en que se anule.
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