Plazos acotados para la ejecución de al menos tres servicios asociados que ofrecen las empresas de distribución eléctrica, y una mayor apertura que permita mejorar la competencia en el sector, y de paso bajar los costos de los proyectos inmobiliarios, marcaron ayer la audiencia realizada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el proceso que enfrenta a constructoras y compañías eléctricas.
Tanto la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), representada por el abogado Julio Pellegrini, como la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitaron la intervención del mercado de servicios asociados a la distribución de electricidad.
La razón que esgrimieron es que dada la característica de monopolio natural que tienen las concesionarias hay barreras de entrada para nuevos competidores, incrementando los tiempos de respuesta de las compañías y los costos para las inmobiliarias, además de asimetrías de información, poca claridad en temas como el detalle de presupuestos, y otros.
"El déficit regulatorio ha generado una estructura de mercado en la cual no se dan las condiciones mínimas para que existan precios competitivos. Han generado barreras a la entrada e incentivos exclusorios para que prestadores externos puedan competir con las empresas de distribución en los servicios asociados", dijo Pellegrini.
En noviembre, el gremio constructor pidió al TDLC abrir un expediente normativo para la regulación de los servicios asociados, indicando que las distribuidoras Chilectra, CGE, Saesa y las filiales de éstas dos últimas, incurrían en prácticas poco transparentes respecto a prestaciones como la instalación de alumbrado público, empalmes y el traslado de postes, que forman parte de un grupo de 25 servicios que están asociados al abastecimiento eléctrico.
Las demoras
Según una encuesta que presentó la CChC, el 86% de las constructoras acusan retraso en la obras debido a la demora en la aprobación o realización de estos servicios. Asimismo, indicaron que el 76% de los planos eléctricos presentados a las eléctricas presentaron algún tipo de problema.
La FNE estimó que la dilación en la entrega de los proyectos inmobiliarios puede llegar a incrementarse hasta un 25% debido las demoras.
Asimismo, indicó que, en el caso de Chilectra, podría haber indicios de prácticas "excluyentes", ya que en 2013 el 93,4% de los empalmes eléctricos fueron realizados por esta compañía, mientras que el resto lo hicieron terceros.
Los abogados de las eléctricas, Felipe Varas, por Chilectra; y Claudio Gutiérrez, por CGE, insistieron en que los servicios mencionados ya estaban regulados en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), por lo que aplicar nuevas normativas podría sobrecargar el sistema.
Asimismo, sostuvieron que una parte importante de la responsabilidad en la dilación de los plazos para la ejecución de los servicios tenía relación con la ineficiencia de la propias constructoras y por "presiones comerciales" hacia las compañías eléctricas.
"Hay responsabilidad de las empresas inmobiliarias, que no entregan la documentación completa. CGE inició una mesa de negociación con la CChC, la que fue interrumpida por la presentación ante el TDLC", dijo Gutiérrez.
Asimismo, sostuvieron que los costos asociados a servicios como la conexión de empalmes eléctricos no tenían mayor incidencia en el valor final de los medidores, pues éste sólo representaba el 0,6% del total.
"No hay certezas que la regulación solucione el problema, y además, la CChC no ha propuesto una regulación específica, sino sólo ha hablado de cuestiones generales", dijo otro de los juristas.
La FNE sostuvo que el tribunal debe resolver los vacíos regulatorios, pidiendo la dictación de normas específicas donde se fijen plazos para la entrega de los servicios.
Evolución del proceso
Consulta al TDLC. En noviembre pasado, la CChC presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una consulta para abrir un expediente normativo para regular algunos servicios eléctricos asociados a la distribución de electricidad, señalando que había prácticas por parte de las distribuidoras que hacían a las inmobiliarias incrementar los costos de los proyectos, especialmente de las viviendas sociales. La FNE se hizo parte del proceso.
Distribuidoras como Chilectra, CGE y Saesa, así como las filiales de las dos últimas, negaron la acusación diciendo que en el mercado existe competencia y que los servicios están regulados por la ley sectorial.
El TDLC dejó ayer la causa en acuerdo aunque pidió agregar antecedentes para mejor resolver. El tribunal no tiene un plazo determinado para fallar el recurso y aprobar o rechazar la solicitud de regulación.
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