La startup Fracción -constituida por Javier Vega en junio de 2018, con el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos mediante la venta fraccionada- solicitó la apertura de un proceso de reorganización judicial y así evitar la quiebra. Sus pasivos superan los $ 3.500 millones y los principales acreedores son BancoEstado, Astrazeneca y Cenabast.
“Fracción reafirma su intención de cumplir con todos sus compromisos, para lo cual requiere ampararse en la Ley 20.720 (normativa para la reorganización y liquidación de empresas y personas deudoras), de manera de acordar con sus acreedores la reestructuración y condiciones de pago que permitan seguir desarrollando el negocio que ha apoyado a tantas familias en Chile”, dijo la empresa a la justicia, asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores.
La compañía se enlistó en la Bolsa Scalex e impulsó el programa denominado Comunas sin Farmacias (CSF), cuyo objeto era instalar un número mínimo de farmacias en sectores sin acceso a remedios, logrando nueve locales en lugares aislados como Huara, María Elena, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Empedrado, Quilleco, Mininco y Cochamó.
“Sin embargo, en mayo de 2024, la administración de Fracción detectó que las donaciones comprometidas por distintos agentes económicos para el programa CSF no se materializaban en la magnitud ni ritmo necesarios para cubrir las elevadas pérdidas operacionales que estaba generando el referido programa -que beneficiaba a los habitantes de esas comunas, es decir, a 300 mil personas aproximadamente-, lo cual comprometía seriamente la viabilidad de Fracción”, explicó la firma, destacando la creación de la Fundación Fracción, que se encargaría de asumir los compromisos del programa CSF y canalizar directamente las donaciones.
En paralelo al perjuicio sufrido con motivo del mencionado plan (que generó una deuda de $ 500 millones que la fundación no podía reembolsar a Fracción, lo cual derivó en el cierre progresivo del programa, dijo la empresa), entre 2022 y 2024, la sociedad abrió dos nuevos locales en Santiago que resultaron ser financieramente inviables.
Para enfrentar la situación, Fracción implementó en mayo de 2024 un cambio en su plan de negocios, lo que le permitió -dijo a la justicia- alcanzar un punto de equilibro operacional a fines de ese mismo año.
“En 2025 se proyecta que Fracción alcanzará ventas por $ 8.100 millones, con un Ebitda cercano a -$ 23 millones, explicado únicamente por las pérdidas generadas en el primer semestre debido al programa CSF. En resumen, sin la carga del programa CSF, el negocio farmacéutico de Fracción se torna operativo y viable”, sostuvo la firma.
Además, la empresa dijo que su administración adoptó la decisión de convocar un aumento de capital hasta por $ 700 millones. Esto, dijo, será destinado a servir y reestructurar la deuda, así como para inyectar capital de trabajo a la compañía.
“Sin embargo, atendida la imposibilidad de la fundación de reembolsar a Fracción los $ 550 millones indicados, sumado a las obligaciones vigentes de Fracción con sus proveedores y acreedores financieros, la compañía se ve en la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento de reorganización judicial”, afirmó la compañía.