Los ojos de la industria legal están puestos sobre la primera demanda por indemnización de perjuicios que deberá de resolver el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la que fue ingresada en enero.
Los buses interurbanos Línea Azul demandó por daños y perjuicios por un monto de $ 22.700 millones a Turbus y Pullman y la empresa Cometa, ligada al grupo Pullman.
Esto después de que el TDLC multara a las tres empresas por colusión por bloquear su ingreso a las ciudades de La Serena, Valparaíso y Antofagasta, a través barreras en los terminales de esas ciudades entre 2009 y 2011.
La demanda sentará un precedente para el tribunal que deberá zanjar su primer caso de perjuicio civil tras la reforma al decreto 211.
Los ojos estarán centrados en este proceso, ya que permitirá conocer el análisis que hará el organismo para dictar su fallo. Estos procedimientos serán de carácter sumarial, por lo que será más expedito que un juicio común.
El tribunal ha buscado capacitarse en estas nuevas áreas. A mediados del año pasado los integrantes del TDLC participaron en un curso sobre daños en materia de libre competencia dictado por la consultora estadounidense Charles River Associates.
Según explica Mario Bravo, del estudio Bravo, el caso es relevante porque mostrará los criterios que aplicaran los miembros de este tribunal, en un tipo de caso que es nuevo para el.
“Lo positivo es que el TDLC (con jueces abogados y economistas) tiene mayor conocimiento técnico respecto de cómo funcionan los mercados afectados y cuáles fueron los efectos de las conductas, además de tener una tramitación más ágil que los juzgados civiles”, explica y agrega que al no tener experiencia para fijar perjuicios en favor de una empresa o persona en particular, este caso tendrá importancia para futuras acciones de indemnización de perjuicios que se puedan presentar, precisa.
Bravo, quien actúo en representación de Pullman en el caso de colusión, explica que los daños que alega, además de desproporcionados, no tienen relación alguna con los efectos que podría haber traído consigo el bloqueo de terminales.
Uno de los principales desafíos será medir cuál fue el real daño causado por efecto del acto competitivo para traducirlos en el monto a resarcir. Bravo explica que los casos de indemnización por actos de anticompetencia se centrarán únicamente en la definición de los perjuicios causados y no sobre la cosa falladas. Es decir no se pondrá en duda, ni se revisará, si existió o no la colusión, o si existirán nuevas multas.
El Tribunal dictó a las empresas denunciadas pagar multas por 675 Unidad Tributaria Anual (UTA) a Pullman Bus, 1.125 UTA a Transportes Cometa, 1.800 UTA a Turbus, y 52 UTA a Transportes y Turismo del Norte y Compañía Limitada. En total fueron 3.652 UTA, un poco más poco más de $ 2.000 millones.
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