Más difícil de lo pensado ha sido la conformación del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo -que debía funcionar desde junio de 2013- está en jaque, ya que la Corte Suprema estaría teniendo dificultades para nuevamente conformar las quinas que debe enviar a la Presidenta de la República para su designación.
Distintos actores de la industria dan como un hecho el que después de dos intentos fallidos, esta tercera búsqueda tampoco llegaría a puerto. ¿El problema? La falta de candidatos que cumplan con todos los requisitos y características que exige el cargo. En el Servicio Civil explican que la conformación del tribunal de Antofagasta ha sido más compleja que el de Santiago y Valdivia, especialmente por lo competitivo y acotado del mercado laboral en el Norte. Además, el sistema de nombramiento para estas instancias es uno de los más complejos del Estado (ver recuadro), porque se intenta asegurar imparcialidad, independencia y calidad técnica.
En esta tercera búsqueda que hizo la Alta Dirección Pública (ADP) recibieron más de 70 postulaciones y en abril se envió la nómina a la Corte Suprema. Hasta el momento, el pleno del máximo tribunal no habría analizado este tema.
Expertos en medio ambiente plantean que este escenario deja en jaque a este Tribunal, porque habría que analizar si es necesario contar con él y abre la puerta a plantear modificaciones a la ley.
Problemas y cambios
Los Tribunales Ambientales surgieron como parte de un acuerdo político para destrabar la reforma a la institucionalidad ambiental, lo anterior, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. El proyecto original es de noviembre de 2009 y establecía un tribunal único, porque se preveía que sería suficiente para el número de causas y tendría criterio uniforme. Estaría compuesto por cinco miembros. El presidente, abogado, lo elegiría el Presidente de la República de una quina conformada por la Corte Suprema. Los otros cuatro -dos abogados y dos expertos en materias medio ambientales- también sería designados por elmandatario, previo concurso público de la ADP.
Con el nuevo gobierno y el debate en el Congreso, la idea varió. Hubo intentos por darle más presencia regional. Por ejemplo, el senador Alejandro Navarro (MAS) introdujo una indicación para crear uno por región, pero finalmente se optó por tres sedes.
La ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, plantea que, tras dos años de promulgada la ley, es necesario abrir un debate sobre cómo ha operado esta parte de la institucionalidad, porque la evidencia ha demostrado que el sistema de selección de ministros es engorroso y, además, la carga de trabajo que tienen en Santiago y Valdivia demuestra que sólo uno daría abasto a todos los recursos. En la capital hay cerca de 50 causas y en Valdivia sólo tres.
Visión que concuerda el mundo académico. Cristián Maturana, de la Universidad de Chile, estima que hay un problema serio en la orgánica de este sistema. Explica que el sistema ambiental se diseñó para favorecer la vía administrativa -y no judicial- para resolver diferencias y en la práctica eso se ha dado, porque ambas sedes aún tienen capacidad para recibir causas.
Lo compara con la situación del Tribunal de la Libre Competencia, que fue el modelo del Ambiental, donde, calcula, debe haber el triple de acciones.
Entre las limitantes que se visualizan para que gente con experiencia postule en regiones, se encuentra el duración del cargo (seis años pudiendo ser reelegido hasta por dos períodos) y las inhabilidades. Respecto a este último punto no hay una visión común en la industria, ya que algunos expertos las consideran adecuadas y, otros, excesivas.
Además, los ministros son de dedicación exclusiva y, si bien tienen una remuneración alta, muchas veces no compensa lo que podrían recibir en el mundo privado. Menos aún, cuando es necesario trasladarse fuera de Santiago, porque en algunas regiones no se ha podido crear el capital humano necesario para satisfacer las necesidades del cargo.
¿Cómo se nombra a los ministros?
Los Tribunales Ambientales están integrados por tres ministros titulares y dos suplentes. Para llegar a ser nombrados, hay que recorrer una serie de pasos.
Primero, el perfil del cargo es definido por el consejo de la Alta Dirección Pública (ADP), que envía una propuesta a la Corte Suprema. Una vez hecho eso, la ADP hace una convocatoria y un concurso con distintas etapas, incluidas entrevistas con los postulantes. Luego, se envía una lista a la Corte Suprema con entre 6 y 8 nombres para cada cargo.
El máximo tribunal del país puede rechazar algunos o todos los nombres de la nómina y debe conformar quinas para cada cargo. Si no logra reunir esa cantidad de nombres, debe pedirle al consejo de la ADP que realice un nuevo proceso, en el cual no podrán participar quienes fueron rechazados.
Una vez que tiene los cinco candidatos elegidos, se le hace llegar las nóminas al Presidente de la República, el que a su vez debe elegir un nombre por cargo y presentarlo al Senado, donde 3/5 de sus miembros en ejercicio deben votar a favor. Si esto no se logra, el Presidente de la República debe presentar otro nombre de la nómina. Si nuevamente no se logra reunir los votos, hay que iniciar un nuevo concurso público desde el principio.
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