El ministro de Vivienda, Carlos Montes, hizo un crudo análisis de las dificultades que ha tenido durante su gestión, tanto por la crisis financiera de las viviendas sociales, como las dificultades por la reconstrucción tras los incendios y las soluciones habitacionales en las "tomas" que hay en el país.
En el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado reiteró que la cifra de deudas de US$ 1.000 millones que entregó la industria suma distintos ítemes y que difieren de sus cálculos, pero dijo que los US$ 130 millones de deuda vencida que entregó durante la semana probablemente también cambie. En todo caso, aseguró que "empezamos esta semana a pagarles (a las empresas)” dichas deudas vencidas.
Sobre los US$ 1.000 millones que dice la industria que les deben, dijo que "yo creo que se confunden muchas cosas" y aclaró que sus cifras -de US$ 130 millones- "son deudas vencidas, o sea, deudas que se debieron haber pagado y no se pagaron a determinada fecha".
Pero admitió que hay acreencias de otro tipo, como los terrenos que se compraron y no se pagaron. En ese ítem, aclaró que "se entregó los recursos el año 2024, no se cumplieron todos los requisitos, no se hizo (el pago) y se trasladó (el pago) al año 2025 y el 2025 había menos recursos y eso se postergó", y "eso es una cuestión totalmente irregular".
Montes aceptó que "no hemos tenido recursos para pagar inmediatamente y se ha usado el confirming (mecanismo de pago de BancoEstado que tiene un costo del 0,5% para las empresas que lo usan), que esto no es una deuda, el confirming, es una forma de pago. Y eso también genera cierta incertidumbre al sector. Esas son las deudas que hemos ido trabajando, las deudas se van a pagar".
Explicó que la auditoría encargada al Serviu Metropolitano -que junto con la Región del Maule son los con mayores problemas- busca esclarecer cómo se generó el problema de las acreencias con los privados. El ministro admitió que en el caso de las empresas pequeñas, esto puede conllevar serios problemas financieros.
En todo caso, dijo que el plan de emergencia habitacional marcha bien y que ha septiembre van en cerca de 220.000 viviendas sociales construidas. La meta del gobierno es terminar la administración de Gabriel Boric en 260.000 inmuebles edificados.
Respecto de la reconstrucción, Montes manifestó su desazón por cómo funciona el Estado.“El Estado no estaba preparado para esto”, hizo ver Montes y, a manera de ejemplo, informó que una licitación demora 11 meses.
“A mí me desespera el ritmo al que está avanzando”, expresó el ministro. “Necesitamos en Chile un mejor Estado”, dijo.
Las 1.432 tomas
Otro tema que el titular de Vivienda abordó en Estado Nacional de TVN son las "tomas" en Chile. Dijo que en el país hay 1.432 "tomas" y que cinco regiones concentran el 84,6% de la población que habita en poblaciones creadas en usurpaciones irregulares.
Sobre la megatoma de San Antonio, dijo que cuando supo de la decisión de la Corte Suprema de desalojar dicho terrenos, llamó al ex integrante de la Tercera Sala del máximo tribunal, el removido juez Sergio Muñoz, para comentar las dificultades logísticas, sociales y humanitarias de cumplir con esta resolución.
Montes contó que los dueños del terreno han pedido un precio superior a las dos tasaciones independientes solicitadas por el Estado y además piden que el Fisco compre el predio completo de más de 200 hectáreas, de las cuales unas 60 hectáreas son inutilizables, en tanto que la "toma" misma se extiende por un terreno mucho menor.
El titular de Vivienda reveló, asimismo, quien oficia como "mano derecha" del dueño de ese predio trabaja en el comando de Jeannette Jara, la abanderada oficialista.
Por ello dijo que se requiere una ley de suelo que frene la especulación inmobiliaria. En este punto, el ministro dio cifras: dijo que desde 2018, el suelo ha subido 125% y eso ha hecho que los subsidios crezcan 97% en igual lapso.
El secretario de Estado también se refirió al caso de la familia Correa, donde un sicario mató a tiros al ingeniero Alejandro Correa, dueño de un predio en Quilpué donde había una "toma". La hija del asesinado empresario, Valentina Correa, criticó cómo manejó el ministro Montes este caso y lo acusó de falta de empatía. El aludido señaló que hubo diferencias con la familia, pero pese a ello "empatizo completamente con lo que ha vivido la familia Correa".
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Valeria Ibarra
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