En medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de viviendas sociales, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció que la cartera mantiene deudas con constructoras, inmobiliarias y proveedores, pero volvió a descartar que los montos superen los US$ 1.000 millones, como sostiene la industria.
El rubro calcula que los compromisos impagos del Programa de Emergencia Habitacional (PEH) sobrepasan esa cifra entre inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos. Sin embargo, Montes insistió en que el monto real de deuda vencida asciende a unos US$ 130 millones.
“La real situación es que efectivamente hay cierto nivel de deuda vencida. Pero acá lo que hacen es que le suman cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana, le suman lo que ya se dio por confirming, que ya lo recibieron, además del préstamo de enlace. La ley dice que el ministerio podrá aplicarlo cuando corresponda. Hasta una fecha se aplicó, pero después se dijo que no podríamos darlo por restricciones presupuestarias. Eso no es deuda”, puntualizó.
Y agregó que están "tratando de ver cómo resolverlo y terminar este gobierno con ese tema resuelto”.
También respondió a los cálculos que sitúan al Serviu Metropolitano con obligaciones por US$ 312 millones. En concreto, el ministro se refirió a las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, Carlos Marambio.
“No quiero ponerme a discutir con Marambio, que era el jefe de estos mismos en el Ministerio antes. Él suma muchas cosas que no corresponden. Suma deuda vencida, confirming, los préstamos que se decidió no entregarlos. Suma muchas cosas y llega a esa cifra. Si queremos plantearlo en términos de deuda vencida, es distinta la cifra”, subrayó.
Montes agregó que acá se está generando una imagen distinta a la realidad, como si "estuvieramos en una crisis financiera total", puntualizando que eso sería lo peor que le podría pasar al Ministerio; y agregando que la discusión se ha visto tensionada por el clima político.
“Hemos entrado en un tipo de debate por la coyuntura electoral que cuesta decir las cosas como son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar y tienen efectos sobre las personas. La gente que está postulando a vivienda, una parte piensa que esto no está funcionando”, señaló el Ministro.
Respecto a las denuncias de que la cartera no está dejando facturar a las empresas, el secretario de Estado reconoció que existen algunos casos, pero los calificó como abusos que deben corregirse: “Creo que existen, y tenemos que ir reduciéndolo. La verdad es que nosotros estamos intentando detectarlo, es lo que corresponde. No existe solo en Vivienda, en general en el Estado. A veces lo hacen por problemas administrativos, pero no corresponde”.
Sistema financiero
El ministro recordó que durante años el Minvu operó con un presupuesto en expansión, y que el escenario cambió con algunas restricciones y limitaciones. “Eso hace que cueste mucho más operar con menos recursos (...) no había el hábito de operar así, entonces se generan desfases”, señaló.
En esa línea, explicó que hoy en día existe un seguimiento semanal de cada proyecto desde el punto de vista constructivo y que ahora están trabajando para tener un monitoreo financiero más riguroso, reconociendo que este último es “mucho más difícil porque hay distintas maneras de pagar”.
Sobre el uso del confirming, indicó que tradicionalmente se ejecuta a fin de año, pero que esta vez se utilizó de manera anticipada: “Resistir cuatro, cinco o seis meses no es lo mismo que uno o dos meses”.
Finalmente, Montes negó que existan empresas quebrando por la situación, aunque reconoció impactos en firmas vinculadas a programas de mejoramiento. Según explicó, el mayor efecto no ha sido la falta de pago, sino la reducción en los llamados a nuevos proyectos debido a la menor disponibilidad de recursos. “Ellos esperaban que llamáramos a nuevos, pero como hay menos recursos se ha llamado a menos. Pero eso no es deuda”, concluyó.