A días de materializarse un alza en las cuentas de electricidad que estará en torno al 4,9%, lo que fue ratificado la semana pasada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la tarde de este lunes finalmente el Ejecutivo presentó el anunciado proyecto de ley que busca poner atajo a un tercer elemento que configuraba una verdadera bomba de presión a partir del próximo mes: el inicio del cobro de una deuda que bordea los US$ 900 millones con la distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD).
El articulado, que ingresó a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados con urgencia de discusión inmediata, está dividido en tres ejes: mitigación de impacto tarifario; regularización y certeza tarifaria; y seguridad y calidad de servicio.
Entre los temas centrales que contiene el proyecto, al que tuvo acceso Diario Financiero, está la incorporación de modificaciones para extinguir las deudas acumuladas con las empresas eléctricas producto de reliquidaciones tarifarias de los últimos procesos de fijación del VAD, así como del proceso de fijación de la componente de generación-transporte en los sistemas medianos. Para esto se utilizará el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) creado en la ley 21.472 (que creó el fondo de estabilización de tarifas).
Según se detalla, el financiamiento para extinguir esta deuda provendrá de un nuevo componente transitorio incorporado en las tarifas eléctricas, de 5 pesos por kWh, denominado "Componente NT". "Dicho componente será aplicado a los clientes finales a contar del año 2028 y hasta 2035, con el objetivo de extinguir progresivamente la deuda proveniente de la reliquidación del VAD", se dice.
No obstante, se añade, "quedarán exentos del pago del Componente NT los clientes que, como resultado de la reliquidación, deban recibir abonos en sus cuentas por parte de las empresas eléctricas, exención que se materializará mediante un descuento en su boleta según instrucciones de la SEC".
En cuanto a la mitigación del impacto tarifario, se modifica el artículo sexto transitorio de la ley 21.667 (referente a estabilización tarifaria), extendiendo el otorgamiento del subsidio eléctrico. De esta manera, se considera un aporte de un moto adicional anual de US$ 120 millones, lo que busca -se dicen- "aliviar la economía doméstica de las familias más vulnerables ante las alzas tarifarias".
Por otro lado, para enfrentar las alzas tarifarias, se incorporan modificaciones al sistema de tarificación semestral, teniendo efectos principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Asimismo, se establece la facultad excepcional, y por una única vez, para que la CNE, previo mandato y autorización del Ministerio de Energía, pueda establecer mecanismos voluntarios que permitan modificar los contratos de suministro vigentes, con acuerdo de las contrapartes, con el propósito de revisar el precio y, por ende, llegar a una rebaja del componente de energía de las cuentas de los clientes regulados.
Otro tema clave que enfrenta el proyecto -tal como lo adelantó la semana pasada la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el Congreso- es el retraso estructural en los procesos de fijación tarifaria. Para ello, se propone regularizar los plazos de los procesos tarifarios en curso para ordenar las tarifas de distribución, estableciendo que las fórmulas tarifarias que se fijen para el cuadrienio 2024-2028 tengan duración hasta el año 2030.
"De esta manera, las nuevas tarifas correspondientes al período 2030-2034 entrarán en vigencia sin retraso, incorporando eventuales diferencias del proceso 2024-2028 en dicho nivel tarifario", se dice. Y se añade que esta extensión permitirá a la CNE llevar a cabo el proceso tarifario con la profundidad técnica que requiere.
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