Sin mayores críticas se recibió el proyecto de ley ingresado con discusión inmediata la tarde de este lunes por el Ejecutivo y que busca enfrentar la deuda con las distribuidoras eléctricas -que hasta este martes alcanzaba US$ 931 millones- producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD). Pero, de cara al inicio de su discusión este miércoles en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, asoman las primeras preocupaciones.
“Creemos que es un proyecto que no solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas, normalizar los procesos tarifarios y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía”, destacó este martes la ministra de Energía, Ximena Rincón. Aseguró que el articulado “tiene un tremendo trabajo prelegislativo” que permitirá dar una “tramitación expedita y rápida en el Parlamento”.
El proyecto también fue el telón de fondo de la participación de Rincón en la Cumbre Empresarial Francia-Chile 2026, organizada por la Cámara de Comercio e Industria (CCI France Chili), donde comentó: “Si nos va bien en este proyecto, que espero que sea así, porque tiene un gran trabajo prelegislativo, tendremos que pasar a esa segunda etapa donde tenemos que hacernos cargo de la institucionalidad que tiene Chile, sobre todo en el ámbito de la distribución energética”. Y apuntó a conversar sobre la empresa modelo.
Si bien Empresas Eléctricas valoró el texto, señaló que “tiene aspectos que deben ser perfeccionados para la adecuada recuperación de los ingresos e intereses que la ley vigente reconoce a las empresas distribuidoras”.
Cómo reaccionaron las firmas
Las primeras llamadas a reaccionar fueron las distribuidoras eléctricas, que, según fuentes, no tuvieron sorpresas con la fórmula propuesta, que implica comenzar a pagar la deuda con estas firmas a partir de 2028.
“Valoramos que el gobierno haya presentado un proyecto que busca abordar un problema real para las familias y también dar una salida a procesos tarifarios que llevan años acumulando retrasos. En términos generales, vemos elementos positivos, particularmente en materia de normalización de la deuda, de fortalecimiento de las inversiones en calidad de servicio y de mecanismos que permitan reducir el costo de energía para los usuarios”, sostuvo el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, al ser consultado.
Sin embargo, aseguró que “el proyecto tiene aspectos que deben ser perfeccionados para la adecuada recuperación de los ingresos e intereses que la ley vigente reconoce a las empresas distribuidoras. Como industria, estamos disponibles para colaborar constructivamente en esta discusión”. Esto tiene que ver con el tratamiento de intereses del VAD entre los años 2024 y 2028.
Pero, tímidamente, se asoman otros puntos que podrían ser parte del debate, como la posibilidad de revisión de contratos con las generadoras. Desde la vereda de la generación, fuentes consultadas recalcaron que esta materia debe ser tratada con cuidado, ya que los contratos se adjudican para cumplirse y no son instrumentos que deban ser revisados.
Conocedores comentaron que la fórmula sería un punto medio, ya que desde el gobierno se habría intentado dar un guiño a la demanda de parlamentarios -en discusiones tarifarias- de renegociar contratos, al ser esta la única forma de bajar precios, pero también se estipularon en el texto principios que controlan la medida.
En concreto, que la facultad para que la CNE pueda establecer mecanismos voluntarios que permitan modificar los contratos de suministro vigentes es “excepcional y por una única vez”.
Eso sí, otros reconocen que de todas formas genera preocupación, porque es conocido que disposiciones planteadas como transitorias han pasado a ser permanentes en el sector, y además se podría tomar como un nuevo factor de riesgo que se traduzca en mayores precios.
Consultado, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, señaló que “el proyecto está bien encaminado”, ya que -entre otros temas- permite ordenar procesos tarifarios.
Sobre la propuesta de revisión de contratos, indicó que esta idea no ha sido impulsada desde el gremio y que, en caso de aprobarse, dependerá de cada empresa si desea tomarla: “Mantenemos la visión de que los contratos eléctricos son la columna vertebral del sistema eléctrico y que estos se deben cumplir según lo pactado”.
El diputado Marco Antonio Sulantay, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, señaló que “lo que podría ser un punto de discusión más profunda podrían ser los años de plazo que se van a estirar hacia adelante para el pago de este crédito que se pretende pedir a la banca internacional. A lo mejor algunos querrán un plazo más acotado que no genere tanto interés. Tenemos que ver esos detalles”.
Y adelantó que no está de acuerdo en que, en esta discusión respecto de la deuda, se abra la arista de la revisión de contratos. Esto, explicó, porque se necesita una discusión profunda. Y recalcó: “Si vamos a revisar esto, si estamos de acuerdo en que hay motivos, hay méritos para poder revisar esto, hagámoslo en serio”.
El director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor), Juan Ignacio Gómez, aseguró: “Estamos analizando en detalle el proyecto de ley, en sus múltiples y diversas aristas, pues contiene normas que van más allá de la protección tarifaria”. Esto, aludiendo a los otros tópicos que se contemplan adicionalmente a cómo enfrentar la deuda, como -por ejemplo- la revisión de contratos de suministro eléctrico y la habilitación para que las distribuidoras presenten planes de proyectos de inversión con objetivos concretos.
Añadió que es fundamental para la asociación determinar los alcances y eventuales impactos sistémicos de la propuesta, “buscando que la regulación propuesta permita llegar a soluciones eficientes y que no impliquen mayores costos para clientes libres y regulados”.