El Tribunal Ambiental de Santiago llevó a cabo esta tarde la primera audiencia de alegatos de las reclamaciones presentadas por Centrales Hidroeléctricas de Aysén contra el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso.
La instancia judicial está revisando las dos causas interpuestas por HidroAysén contra las resoluciones del SEA que la llevaron a perder la aprobación ambiental del proyecto, luego que así lo resolviera la Corte Suprema, tras una contienda de competencias presentada por el Tribunal Ambiental de Valdivia.
Durante la audiencia, el abogado Mario Galindo de Centrales Hidroeléctricas de Aysén, destacó que "hace mucho tiempo la Excelentísima Corte Suprema declaró la plena legalidad de la Resolución de Calificación Ambiental –permiso ambiental-, que hoy día se encuentra invalidada (...) para ser invalidada la RCA fue necesario eliminarla del ámbito del derecho y también invalidar plenamente el acuerdo que el Comité de Ministros había tomado el 30 de enero de 2014".
Cabe recordar que el Comité de Ministros de la anterior administración de Sebastián Piñera había revisado parcialmente la reclamaciones contra el proyecto HidroAysén en enero de 2014. Sin embargo, su trabajo fue invalidado cuando el Comité de Ministros del actual Gobierno decidió suspender la iniciativa hidroeléctrica, tras asumir en marzo del mismo año.
Para Galindo la invalidación del permiso ambiental al proyecto HidroAysén se debe a una falla institucional, porque el Comité de Ministros demoró tres años en tener una resolución final sobre la iniciativa revocándola totalmente.
"(Esto ) lo veo como una falla institucional. Ha sido el sistema el que ha fallado, ha sido el sistema probablemente el que no ha estado preparado para conocer de la evaluación de un mega proyecto de estas características y llevarlo a buen término. Pasaron varios gobiernos desde el año 2008 hasta 2015. Y hoy, siete años después del ingreso del proyecto a la evaluación de impacto ambiental, estamos discutiendo si reestablece o no la vigencia de la RCA", indicó.
"No es que hayan pasado tres años de febril actividad de conocimiento de las reclamaciones. En tres años, no pasó nada", acusó.
"Esta demora en la resolución de las reclamaciones administrativas produjo un efecto político, no jurídico. Se transformó en un tema de campaña (...) Y cuando se transforma la decisión sobre un proyecto de esta naturaleza en un tema político, la resolución no va a ser puramente jurídica y no va a ser nunca puramente técnica", sentenció.
"Se ejerció una facultad que estaba agotada (...) Hay casos en que la ley fija un tiempo, un plazo para el ejercicio de una potestad. Vencido el plazo, no existe la potestad. Si se ejerce la potestad vencido el plazo de vigencia establecido en la ley, su ejercicio es ilegal", agregó.
"La Ley 19300 dice expresamente que el procedimiento de evaluación ambiental concluye con la Resolución de Calificación Ambiental (...) Lo que viene después es otro procedimiento y eso lo reconoció el SEA en su informe", culminó Galindo.
En tanto, Carlos Sepúlveda, representante del SEA, defendió que "no es efectivo que la institucionalidad ambiental haya fallado", agregando que lo que ocurrió es que "HidroAysén no se hizo cargo de los impactos que genera en el medio ambiente", por lo que perdió su permiso ambiental.
"Lo que HidroAysén nos quiere hacer creer que tiene respecto a su RCA un derecho adquirido, se olvida que es una autorización de funcionamiento", acusó.
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