Una abrupta caída en los ingresos de acciones de inaplicabilidad -que permiten cuestionar la validez de una norma en un caso particular- presentadas ante el Tribunal Constitucional (TC) en los años 2022 y 2023 detectó el Observatorio Judicial, que plasmó sus hallazgos en un detallado informe.
Si en 2021 el organismo tramitó 2.606 causas por este concepto, en 2023 este número se había reducido a 1.103, es decir, menos de la mitad, reveló el reporte.
Al desagregar los datos se ve que la principal caída en el número de ingresos por acciones de inaplicabilidad está entre los requirentes que son personas naturales, que pasaron de presentar 2.170 acciones en 2021 a sólo 717 en 2023.
“Parte importante del descenso del número de acciones de inaplicabilidad se debe a modificaciones de la ley 18.216, en materia de control de armas (...), pero parte, también, a la baja expectativa de las partes de obtener una sentencia favorable”, dice Aldunate.
También se observó un notorio descenso en el porcentaje de causas declaradas admisibles en los años 2022 y 2023. Si entre 2018 y 2021 dicho porcentaje rondaba entre 84% y 82%, en 2023 alcanzó 65%.
El director de Estudios del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, explicó que “parte importante del descenso del número de acciones de inaplicabilidad presentadas se debe a modificaciones legales de la ley N°18.216, en materia de control de armas, que generaban un enorme volumen de causas, pero una parte, también (se explica) por la baja expectativa de las partes de obtener una sentencia favorable”.
El problema, aseveró, es que “esto se traduce en un tribunal que desconfía de sus propias atribuciones y de justiciables que pierden un mecanismo de cuestionar la constitucionalidad de las leyes cuando estiman que hay una afectación de sus derechos fundamentales”.
Las sentencias de inaplicabilidad revelaron otras tendencias. En los años 2022 y 2023, el reporte detectó un fuerte cambio jurisprudencial que se tradujo, por primera vez, en que el TC rechaza más de la mitad de las solicitudes de inaplicabilidad que conoce. Así, si entre 2018 y 2021 el porcentaje de causas aceptadas oscilaba entre 76% y 86%, en 2022 se redujo a 48%. En el año 2023, el TC rechazó prácticamente dos de cada tres solicitudes de inaplicabilidad.
Además, hay materias en las que el TC declaraba inaplicable las normas y ya no lo hace. Aldunate ejemplificó que, en materia procesal, esto ocurre en lo relativo al derecho del querellante a forzar la acusación; en materia de contratación con el Estado, cuando el contratante ha sido condenado en materia laboral; o en la fijación de las sanciones por infracción a las normas urbanísticas.
¿Por qué ocurre esto? Aldunate explicó que este viraje “se debe al cambio de integración del TC y a la reticencia de algunos de sus ministros a ejercer las facultades del TC”. Agregó que “no es algo sorpresivo. Parte del mundo jurídico, vinculado a la izquierda, es sumamente crítico de los contrapesos al poder político. Uno de esos contrapesos es, obviamente, el TC”.
Agregó que “luego de que la Convención Constitucional no consiguió despojarlo de la mayoría de sus atribuciones, la nueva integración del TC ha buscado un resultado similar por vía jurisprudencial”.
La alerta que se activa
En el reporte se advirtió que “el TC parece estar abdicando de la principal de sus funciones, al menos en términos cuantitativos: el ejercicio de la acción de inaplicabilidad”. Y que la institución es cada vez más reticente a declarar la inaplicabilidad de las normas contrarias a la Constitución.
Para el Observatorio Judicial, “la disminución en la admisibilidad y de sentencias que acogen las acciones de inaplicabilidad podría reflejar un cambio en la interpretación y aplicación de la normativa constitucional por parte del Tribunal”. Este viraje coincidió con una renovación significativa de sus miembros, sugiriendo que la nueva composición influiría en una mayor reticencia a declarar la inaplicabilidad de normas.
Este fenómeno genera preguntas sobre el futuro de la acción de inaplicabilidad como herramienta de control constitucional y acceso a la justicia. “Si esta tendencia se mantiene, podría significar una reducción en la efectividad del Tribunal como guardián de la Constitución”, afirmó el reporte, que enfatizó que es fundamental que el TC mantenga un equilibrio adecuado en el ejercicio de sus facultades.
“Un enfoque demasiado restrictivo podría no solo debilitar su papel protector en el sistema constitucional, sino también transferir esa responsabilidad a la judicatura ordinaria, que puede no estar igualmente equipada para manejarla con la uniformidad y el rigor necesarios”, se indicó.
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