Cerca de las diez de la mañana de ayer el fiscal Luis Inostroza comenzó con la formalización de 17 ejecutivos y ex ejecutivos ligados a Salcobrand, FASA y Cruz Verde, en el marco de una acusación penal que lleva adelante la Fiscalía Centro Oriente por haberse concertado para elevar el precio de 222 medicamentos.
La mayoría de los involucrados quedaron con firma mensual, mientras que dos de las imputadas, Lisette Carrasco y Alejandra Araya, pidieron que se desestimara la medida, lo que fue aceptado por el tribunal.
El fiscal señaló que ahora viene un trabajo intensivo, ya que citará a declarar a más de una treintena de personas, que servirán como testigos. Tras este proceso, añadió, es altamente posible que se concreten nuevas formalizaciones, tanto de ejecutivos de laboratorios como de farmacias. “Estamos trabajando al día de hoy en determinar otras personas, eventualmente también ejecutivos de otros laboratorios. Pero para eso necesitamos los elementos de prueba que nos permitan llegar a esta instancia. En consecuencia, una vez que tengamos los antecedentes nuevamente vamos a solicitar audiencias de formalización”, detalló.
El plazo fijado para la investigación fue de 180 días y se espera que en unos sesenta días existan resultados del peritaje informático que se le encargó a la Fiscalía Nacional Económica
Impresiones de los imputados
El gerente general de Salcobrand, Roberto Belloni, señaló que esperan salir pronto de lo que calificó como una “pesadilla” y que confían en la inocencia de sus ejecutivos, todos los cuales siguen ligados a la empresa.
El abogado de los formalizados de Cruz Verde, Juan Domingo Acosta, señaló, al respecto, que “esta audiencia es parte de un proceso que demostrará que ni la empresa ni nuestros representados tuvieron alguna participación en los hechos que se imputan. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario con tal de despejar cualquier duda respecto de nuestra inocencia”.
Ciro Colombara, representante de Laboratorios Chile, manifestó que también confían en una sentencia favorable a sus involucrados, sosteniendo que “no existen pruebas incriminatorias ni contundentes”.
Los abogados de las imputadas calificadas como testigos clave en el caso -Alejandra Araya y Lisette Carrasco, ex category managers de FASA-, Pablo Larrondo y Rodrigo González, señalaron que la tesis del Fiscal no puede sustentarse en una serie de mails que fueron enviados por las ejecutivas a laboratorios para pactar precios, pues ello era parte habitual de su trabajo y eran decisiones tomadas por altas cúpulas de FASA.
Sergio Purcell, gerente de la firma en esa época, declinó hacer declaraciones, pese a que su abogado, Nureldín Hermosilla dijo que es “absolutamente inocente”.
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