por José Carlos Prado
“Compras Públicas y Libre Competencia”. Este es el nombre del nuevo documento que publicó ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para evitar la colusión en los procesos de licitación pública. En 27 páginas, el manual busca que quienes redactan las bases de una licitación hagan un test (check list) tanto para la prevención como la detección de posibles actos de este tipo.
Según explicó a DF el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, la idea es que “estén de nuestro lado las personas que organizan las licitaciones (funcionarios públicos) para que nos entreguen denuncias de calidad y, al mismo tiempo, darle a ellos cierta claridad sobre el tema”. Ante ciertos resultados y su nivel de riesgo, deben comunicarse con la FNE para una corrección o el inicio de una investigación.
En Chile, agrega, existe infraestructura legal en esta materia, sin embargo da la impresión que hay mucho trabajo por hacer, pues recuerda que a nivel internacional hay muchos casos de sanciones.
Las multas que considera la normativa local son importantes, ya que para este tipo de ilícitos llegan a las 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), casi US$ 30 millones. Y es que los 900 organismos públicos transan más de
US$ 6.500 millones en las 450 mil licitaciones anuales que se realizan en la plataforma de mercado público.
Al revisar cifras de 2009, se calcula que el Estado pierde al año unos
US$ 40 millones por sobreprecios pagados en sus procesos de compra, los que se explican por casos de colusión entre las empresas postulantes.
En la mira
En este ánimo, la Fiscalía firmó ayer un convenio con ChileCompra para la detección de actos colusorios. Gracias a este acuerdo, la FNE tendrá acceso a la base de datos de las licitaciones, información con la que desarrollará un mecanismo de monitoreo de actos futuros. Para esto, van a solicitar la ayuda de expertos internacionales.
Pero no sólo eso. También revisará licitaciones que ya se hicieron efectivas y, en caso de detectar situaciones extrañas, podría iniciar una investigación. “Sabemos que hay que ser prudentes, por eso vamos a conseguir la sofisticación técnica necesaria para ver si podemos detectar situaciones anómalas”, dice Irarrázabal. Si bien advierte que es muy difícil saber cuáles son los sectores más riesgosos, afirma que la experiencia internacional apunta hacia la construcción, vivienda y salud.
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