Este viernes la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó el informe consolidado de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental Mall Vivo Santiago Etapa II, ubicado en la Comuna de Ñuñoa.
En la sesión se reunieron 10 votos a favor y 2 en contra. Entre ellos, los seremi de Agricultura y Desarrollo Social votaron negativamente, mientras que el resto de los participantes, entre ellos los seremi de Obras Públicas, Economía, Minería y Salud, mostraron su posición a favor del proyecto.
Tras la sesión de esta tarde, desde la Inmobiliaria Vivo Santiago valoraron el resultado "que confirma que el proyecto VIVO Santiago cumple con toda la normativa ambiental aplicable", según dijeron. Y destacaron no solo la generación de "más de 3 mil empleo", sino también que la iniciativa "apunta a satisfacer la necesidad de un equipamiento comercial y de servicios en un eje metropolitano como es Vicuña Mackenna”.
La iniciativa que busca concretar Vivocorp -exsociedad ligada al Grupo Saieh y ahora del fondo de inversión público Asset Rentas Comerciales Vivo- contempla una inversión de US$200 millones y se ubicará en la Avenida Vicuña Mackenna en las cercanías de la estación de Metro Ñuble. El edificio contará con 30 pisos y 2500 estacionamientos vehiculares.
Respecto de los servicios que entregará, destacan restaurantes, oficinas, preuniversitarios, consultas médicas y un apart hotel.
Cabe destacar que en marzo del 2020 el proyecto había sido aprobado, pero los vecinos del sector exigieron que se ejecutara un proceso de participación ciudadana (PAC), por lo que la Corte Suprema ordenó que volviera atrás su tramitación para ser revisada.
En este contexto, a principios de septiembre la Municipalidad de Ñuñoa se refirió a la adenda entregada por el titular del proyecto y se mostró disconforme con el plan de monitoreo de ruido propuesto, específicamente a la oportunidad de implementación que se remite a realizar el monitoreo con una frecuencia mensual durante toda la fase de construcción.
Sonia Reyes, Seremi del Ministerio del Medio Ambiente, destacó que es importante que a futuro quienes promuevan este tipo de proyectos entiendan "que se necesita una transición socioecológica" que asegure tanto el desarrollo humano como la sustentabilidad del entorno.
Críticas a fraccionamiento del proyecto
Durante la sesión telemática, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, dijo que “desde los gobiernos locales sí estamos a favor de los proyectos de inversión que contribuyan” al desarrollo. Sin embargo, mencionó que en este caso, el proyecto cuenta con una serie de falencias que afectan de manera negativa a la comunidad y a los vecinos de la zona.
En este sentido, Ríos acusó que la empresa optó por un uso arbitrario de la norma, tras haber presentado dos declaraciones de impacto ambiental en lugar de una sola.
“Este proyecto se desarrollará en una zona saturada (...) Es deber de todas y todas disponer de las herramientas posibles para que el impacto en el medioambiente y en vecinos y vecinas sea el menor posible”, dijo la autoridad.
Por su parte, Sofía Valenzuela, Consejera Regional, criticó el hecho de que el gobierno regional solicitó en dos ocasiones y a través de oficios al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que la Superintendencia de Medio Ambiente se pronunciara respecto de la hipótesis de fraccionamiento del proyecto”. Y esto no ocurrió, por lo que aún está pendiente.
“Esto no ha permitido hacer un análisis de lo que sería el impacto sistémico” en su totalidad, dijo Valenzuela. Y al igual que la alcaldesa Ríos, apuntó al hecho de que el titular presentó el proyecto por etapas, en dos fases, y donde la etapa 1 “no tiene un sentido de propósito de ejecución sin la fase 2”.
En tanto, Carlos Godoy, representante de la Coordinadora “No al Mall Vivo”, sostuvo que “existen fundamentos de sobra para rechazar este informe consolidado de evaluación”. Además, indicó que “esta adenda no se hace cargo de lo que la excelentísima Corte Suprema obligó”, respecto de llevar a cabo el proyecto en conjunto con una participación ciudadana, y acusó a la empresa de mostrar una “actitud evasiva” en cuanto al punto anterior.
"Solicitamos que rechacen el ICE y apliquen el principio precautorio que hoy Escazú le entrega a nuestra institucionalidad. Invoquen el artículo 3 letra f) del Acuerdo de Escazú y obliguen a que el proyectista vaya a Tribunales. Que por primera vez sea el particular el obligado a demostrar en Tribunales que no genera impactos, y no nuevamente la comunidad", indicó Godoy.
Esto, mientras que Miguel Ángel Etcheverry, representante legal de la Inmobiliaria Puente Limitada, sostuvo que “estamos en total acuerdo con todos los compromisos voluntarios y exigencias del informe de evaluación”, como las observaciones hechas por la municipalidad de Ñuñoa, que pide medir niveles de ruido.
“Durante el desarrollo del proyecto que se inició en 2014, hemos obtenido un compromiso permanente con la comunidad, realizando diversas instancias de diálogo”, señaló Etcheverry. Y dijo que como parte de estos procesos el proyecto se produjo una serie de cambios a destacar: Se redujo la cantidad de torres, que pasaron de 4 edificios a uno solo, y se modificó la ubicación de la terraza gastronómica para dar más privacidad a los vecinos, entre otros puntos.
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