Para el próximo 23 de marzo quedó fijada la audiencia pública en la que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tomará conocimiento del acuerdo que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la plataforma de alojamientos y viajes, Booking.com, pactaron conjuntamente.
En concreto, la FNE le solicitará al tribunal que apruebe un acuerdo extrajudicial en el que Booking.com se compromete –durante un plazo de tres años– a dar de baja las cláusulas que la plataforma exigía a quienes querían ofrecer alojamientos en su página: esta era, la restricción de ofrecer sus respectivos alojamientos en otros canales de ventas –ya sea plataformas, agencias o sus propias páginas web– a precios menores a los publicados en Booking.com.
La disputa tiene sus orígenes en abril de 2024, específicamente en el informe final del Estudio sobre el Mercado del Hospedaje, elaborado y publicado por la FNE. En él, la entidad detectó que diversas agencias de viajes online le exigían a sus clientes, a través de la sección “Términos y Condiciones”, ofrecer exactamente los mismos precios en todas las plataformas. Booking.com, en este caso, fue considerada como la plataforma con mayor uso de esta práctica.
Según constató la misma FNE “este tipo de cláusulas puede generar efectos y/o riesgos para la libre competencia, tales como la disminución de la competencia entre plataformas, la reducción de incentivos para competir con los canales directos de los alojamientos y la exclusión de plataformas competidoras actuales o potenciales, todo ello en perjuicio de los consumidores”.
Así, en el respectivo acuerdo extrajudicial que el TLDC analizará, la plataforma de alojamientos se compromete a eliminar dichas cláusulas en Chile y, además, a dar de baja el criterio para considerar a quienes quieren ser parte de los programas de fidelización dentro de la plataforma, tales como PPP, PPP+ y Genius. Todo eso, exige la FNE, debe ser comunicado a los respectivos alojamientos (clientes).
Pero no es todo. Booking.com también se comprometió a pagar cerca de US $6 millones al Fisco. En un plazo de tres años, luego de recabar más antecedentes, la plataforma de viajes podrá solicitar una revisión de su caso ante la FNE o el TLDC.
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