Todo partió en 2015, cuando el gigante norteamericano decidió no renovar el contrato de distribución que tenía desde hace dos décadas con uno de sus concesionarios más emblemáticos en la zona sur poniente de Santiago, Miura Autos, a quien correspondía hasta entonces la distribución no exclusiva de la línea de vehículos livianos y camiones de las marcas de GM. La falta de renovación y término del contrato no dejó satisfecho al concesionario, iniciando un arbitraje en el que pedía indemnizaciones por más de US$ 40 millones.
En 2020, el árbitro rechazó la demanda y concedió un mínimo porcentaje de la indemnización pedida ($ 382 millones). Ninguna de las partes quedó satisfecha con la sentencia arbitral, y recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en abril del año 2024 acogió el recurso de General Motors, patrocinado por los socios de Alessandri, Raúl Montero y Patricio Rámila, y rechazó completamente la demanda del exconcesionario, incluso en aquella parte que el árbitro había originalmente concedido.
Ahora, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de Miura, con lo cual finalizó la tramitación, confirmando el rechazo total de la demanda.