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REGÍSTRATE AQUÍPor: J. Troncoso Ostornol
Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.
Todo partió en 2015, cuando el gigante norteamericano decidió no renovar el contrato de distribución que tenía desde hace dos décadas con uno de sus concesionarios más emblemáticos en la zona sur poniente de Santiago, Miura Autos, a quien correspondía hasta entonces la distribución no exclusiva de la línea de vehículos livianos y camiones de las marcas de GM. La falta de renovación y término del contrato no dejó satisfecho al concesionario, iniciando un arbitraje en el que pedía indemnizaciones por más de US$ 40 millones.
En 2020, el árbitro rechazó la demanda y concedió un mínimo porcentaje de la indemnización pedida ($ 382 millones). Ninguna de las partes quedó satisfecha con la sentencia arbitral, y recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en abril del año 2024 acogió el recurso de General Motors, patrocinado por los socios de Alessandri, Raúl Montero y Patricio Rámila, y rechazó completamente la demanda del exconcesionario, incluso en aquella parte que el árbitro había originalmente concedido.
Ahora, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de Miura, con lo cual finalizó la tramitación, confirmando el rechazo total de la demanda.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.