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Publicado: Viernes 5 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
En medio de los cuestionamientos públicos de algunos actores a la gestación de ley de Pesca, el presidente de Sonapesca, Francisco Orrego, defiende la institucionalidad, aunque se abre a que pueda ser revisada.
-¿Cómo ve los cuestionamientos a la ley de Pesca?
-Vemos con preocupación la campaña de ataques a la actual ley. Ésta fue fruto de un amplio debate en el que participaron todos los actores y que tuvo una larga tramitación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que pasó su examen por el Tribunal Constitucional. Fue fruto de un acuerdo mayoritario y transversal, tanto en lo político como en lo técnico, que logró mejorar significativamente la posición de los pescadores artesanales.
-¿Las irregularidades que se investigan le quitan legitimidad?
-No hay que confundir la necesidad de revisar eventualmente la ley de Pesca como consecuencia de su aplicación y puesta en marcha, con algunas voces irresponsables de sectores minoritarios o marginales para derogar la ley por situaciones coyunturales. Sería inimaginable que como consecuencia de la crisis de legitimidad de la política se diera la señal de que están en revisión todas las leyes aprobadas por el Congreso en la últimas dos décadas. Esa tesis generaría un caos regulatorio de consecuencias impredecibles.
-¿Cuáles serían las consecuencias para el sector si se derogara la ley?
-Se lo voy a decir en términos bien claros y directos: significaría retroceder décadas en materia de sustentabilidad y recuperación de nuestras pesquerías, regresando de manera totalmente irresponsable a la carrera olímpica, que tuvo nefastas consecuencias.
-La FAO está analizando la ley, ¿qué esperan de ese proceso?
-Según ha informado públicamente, el gobierno espera que la FAO entregue su informe a finales de este año o principios del próximo. Creo que lo importante es que la evaluación se haga de manera técnica, seria, responsable y participativa. Nadie puede quedar excluido del proceso.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
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