A casi un año del primer operativo que desbarató una serie de casinos clandestinos que operaban en la zona oriente de la capital, el Ministerio Público ofreció salidas alternativas al juicio oral a imputados cuya participación en la administración de las sedes ilegales fue descartada, lográndose acreditar su vinculación solo como jugadores y asistentes a este tipo de actividades realizadas al margen de la ley.
Específicamente, el fiscal oriente Roberto Contreras ofreció la suspensión condicional del procedimiento a doce personas, quienes accedieron a los requisitos exigidos en el acuerdo, los cuales deberán cumplir durante el plazo de un año para, posteriormente, ser sobreseídos definitivamente de la causa, iniciada tras la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez.
Estas condiciones –que fueron visadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago- corresponden a la fijación de domicilio, firma cada tres meses en la comisaría de Carabineros de La Reina y la autorización para transferir los dineros incautados a cada uno –cuya suma total bordea los $ 2 millones- a la fundación de jugadores en terapia para superar la ludopatía.
Ahora, el Ministerio Público deberá preparar una nueva acusación contras los 24 imputados restantes, quienes deberían enfrentar un juicio oral, entre ellos, la cúpula de la organización criminal liderada por Ashran Kanaan y Miguel Cumsille.
De acuerdo a la investigación fiscal, estos últimos junto a Claudio Sandoval, Adolfo Pineda y Juan Manuel Orellana tenían a cargo la administración de las diferentes sedes.
Según explicó el Ministerio Público durante la primera formalización, las ganancias generadas en el inmueble de La Pastora, en la comuna de Las Condes, permitieron la creación de otros dos casinos clandestinos en la comuna de Santiago, y prontamente, de acuerdo a la investigación, la organización pretendía instalar un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz.
Ello, porque en base a las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes. Los hechos estaban siendo perseguidos tras la querella presentada con anterioridad por el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos.
Posteriormente, en agosto de 2016, dos clientes denunciaron haber sido contactados por Kanaan para participar en las apuestas.
Lo anterior alertó a la policía que, tras un trabajo de vigilancia, logró establecer un alto flujo de personas en horario nocturno y que no serían propietarios de lugar.
Asimismo, la indagatoria determinó que los clientes eran contactados por otros agentes, cómplices de la asociación ilícita, en casinos de Los Andes, Antofagasta y Valparaíso.
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