El aumento sostenido de la desindustrialización y el alto desempleo, fueron el foco de la reunión sostenida entre los principales gremios productivos, y parlamentarios electos y en ejercicio de la Región del Biobío, cuyo fin instalar las urgencias y prioridades regionales en la agenda legislativa que se proyecta hacia el 2026.
La jornada, calificada como "inédita" por sus participantes, congregó a representantes de la CPC Biobío, Corma, CChC y Pescadores Industriales, entre otros, quienes junto a los legisladores definieron agenda económica para una región que hoy acumula más de 80 mil desempleados (12 mil más que en 2024) y cuya participación en el PIB nacional que en dos décadas bajó de 10% a 6%.
Para el presidente de la multigremial CPC Biobío, Álvaro Ananías, la reunión marca un hito en la forma de gestionar políticas públicas desde la zona. "Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos gremios y parlamentarios a conversar abiertamente de cómo sacar la región adelante. Todos tenemos un diagnóstico común y concordamos que hay que pasar a la acción; queremos un plan de acción conjunto desde la región. Hay que crear más empresas, más proyectos, más inversión para que esas personas puedan trabajar”, enfatizó.
Ananías fue enfático en desmarcar este esfuerzo de otros instrumentos existentes, como el Plan de Fortalecimiento Industrial o el Plan 2050 que propone el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman. "Esto no es un tercer plan. Nosotros somos representantes de los sectores productivos y buscamos generar más empleo. Los sectores económicos tienen que empujar políticas públicas, hoy estábamos hablando de políticas públicas que tienen que ver con cada sector”.
Cinco acuerdos
Los gremios enfatizaron que no existe una solución única, sino rutas paralelas que deben empujarse en conjunto. La mayoría de los proyectos inscritos en la Corporación de Bienes de Capital (CBC) corresponden a generación energética, con baja creación de empleo permanente, lo que exige una mirada más integral y territorial.
El senador por el Biobío, Gastón Saavedra planteó que la reunión permitió definir cinco puntos a trabajar como parte de la agenda. El primero apunta a la suelos degradados y quemados por incendios en comunas como Santa Juana, Nacimiento y Negrete.
Las otras líneas apuntan a dar soluciones legales y de certeza jurídica para el sector pesquero, tanto industrial como artesanal. Rescatar los aportes que puede entregar la academia desde los procesos de I+D y desarrollo de nuevas tecnologías para la industria, y optimizar la cadena logística regional, apalancada en los tres puertos de la zona que fortalezcan la competitividad del territorio.
Así mismo, rescató la necesidad de crear una secretaría ejecutiva en la que participen el Gobernador y el Delegado Presidencial para evitar que los acuerdos queden en papel.
Seguridad en la Macrozona
Durante la jornada, se expusieron diversas palancas sectoriales que requieren impulso legislativo y ejecutivo, entre ellas la aceleración de inversiones y la correcta implementación de la nueva Ley de Permisos Sectoriales; la recuperación de la seguridad regional como condición habilitante para nuevos proyectos; un fast track para iniciativas privadas, especialmente aquellas con alto impacto en empleo; políticas públicas focalizadas en sectores estratégicos como forestal, pesca y agroindustria; y una inversión pública habilitante orientada a fortalecer la infraestructura productiva y la conectividad.
El sector forestal, columna vertebral del Biobío, puso sobre la mesa la urgencia de recuperar el Estado de Derecho. Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío-Ñuble, señaló que la falta de inversión responde directamente a la violencia. "La seguridad es fundamental para que vuelvan las inversiones. Necesitamos terminar con los ataques y la intencionalidad de los incendios", afirmó.
Casagrande destacó que, aunque la Ley de Robo de Madera redujo este delito de US$ 100 millones a cerca de US$ 7 millones anuales, la falta de una Ley de Fomento Forestal para pequeños propietarios mantiene 42 mil hectáreas quemadas sin recuperar desde 2017. "Si logramos plantar las 100 mil hectáreas de aptitud forestal en el Biobío, podríamos generar 15 mil nuevos empleos permanentes, en el largo plazo", proyectó.
El senador Saavedra, destacó que en sus ocho años de experiencia parlamentaria, esta es la primera vez que se logra un diálogo democrático de esta envergadura. En esa línea, valoró el trabajo coordinado por la CPC Biobío para aunar representantes del mundo público y privado, y la pertinencia de los temas abordados.
Ley de Fraccionamiento
Desde esta perspectiva la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez, valoró la conformación de esta "bancada regionalista", haciendo un llamado a retomar incentivos que el Gobierno Regional dejó de aplicar, como el subsidio al activo fijo. Sin embargo, no esquivó la contingencia que afecta al sector pesquero.
Ante la reciente denuncia en Contraloría contra la Subsecretaría de Pesca por supuestas irregularidades en el fraccionamiento del Jurel, la parlamentaria fue enfática al señalar que "el error de este gobierno fue enfrentar a la pesca artesanal con la industria. La Subpesca se tomó atribuciones que no correspondían al romper el registro. Si eso se comprueba, iniciaremos acciones de fiscalización".
Por su parte, el senador Saavedra coincidió en la gravedad de la situación, aludiendo a los "datos falsos" presentados durante la discusión legislativa. "Usted puede generar la horadación de la ley haciendo lo que está haciendo el Subsecretario (Julio Salas). Esos son los errores que cuestan cargos", sentenció.
La cita concluyó con la determinación de establecer una mesa de trabajo periódica que incluya a la academia y a los nuevos seremis que asumirán en marzo de 2026.
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