Tras dos décadas se construirá Dominga
La minería vive uno de los ciclos de inversión más intensos de los últimos diez años, con US$ 83.181 millones en 51 proyectos que casi en su totalidad se terminarán antes que finalice el próximo Gobierno.
Una iniciativa que se definirá en los siguientes años es la expansión de El Abra (Freeport McMoran-Codelco), de US$ 7.511 millones. Se estima que el trámite ambiental parta en 2026 y se construya al final de la década.
BHP, que lleva a cabo su mayor expansión en Chile desde los ‘90, concretará gran parte de la inversión prevista en los próximos cuatro años. En Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, la angloaustraliana desembolsará US $10.800 millones a ejecutar en la próxima década. Ahí su proyecto estrella es una nueva concentradora, que entrará al sistema ambiental el primer semestre de 2026.
En esos mismos meses empezará a construirse Minera Dominga, que tras una extensa tramitación ambiental y una también larga guerra judicial, se prevé que empiece a levantar tendidos eléctricos, caminos así como a realizar la ingeniería más fina del proyecto. Simultáneamente, trabaja en sacar los más de 700 permisos.
Avances concretos en hidrógeno verde
Quien sea el nuevo inquilino en La Moneda será testigo y quizás artífice de una revolución energética de escala global. En los próximos cuatro años, se espera que en Chile se vean avances concretos en los megaproyectos vinculados al hidrógeno y amoníaco verde que están actualmente en evaluación ambiental.
Esto, al menos en dos iniciativas que están en pausa. Se trata de INNA de AES Chile, su primer complejo a escala industrial de hidrógeno verde y amoníaco verde en el país, de US$ 10 mil millones en la Región de Antofagasta. Esta iniciativa detuvo su tramitación ambiental en medio de críticas de los observatorios astronómicos del área por la eventual contaminación lumínica que conllevaría este desarrollo.
También pidió más plazo para responder observaciones el desarrollo H2 Magallanes de TotalEnergies, de US$ 16 mil millones, que está suspendido hasta el 7 de diciembre de 2026 tras una solicitud de la firma. Se trata de la mayor inversión tramitada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Pero también, se espera que siga avanzando el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde de HNH Energy que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones, el cual ya en octubre recibió su segundo Icsara.
También, el próximo Gobierno sabrá si Colbún decide llevar a puerto su central Bombeo Paposo. La eléctrica de los Matte suspendió la iniciativa de US$ 1.400 millones en septiembre de 2024 luego de discrepancias con las autoridades ambientales regionales.
Otro proyecto clave es la megalínea Kimal-Lo Aguirre, iniciativa que unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones. Logró su permiso ambiental el pasado jueves y, ahora, se concentrará en la obtención de permisos: deberá tramitar 4.941 autorizaciones.
La construcción parte en diciembre de este año y la operación se espera para mayo de 2029. Además de la obtención de permisos y la construcción, continuará la tramitación de las concesiones eléctricas.
En tanto, tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, el martes se cerró la polémica consulta indígena de la central hidroeléctrica Los Lagos de la noruega Statkraft en Chile. Este viernes la empresa recibió el oficio por parte del Consejo de Monumentos Nacionales con las medidas a aplicar para el rescate de los hallazgos. La nórdica prevé que la central pueda operar a fines de 2026.
Foto: Aton
Infraestructura para el desarrollo
Obras públicas que habilitarán actividades productivas verán la luz o avanzarán con un nuevo presidente.
En la Desaladora de Coquimbo -US$ 318 millones- se espera que la construcción de la obra comience en 2026 y que esté operativa para el año 2029.
Otro tanto ocurrirá con el emblemático Puente Chacao, el puente colgante más largo de Latinoamérica, que se espera que esté listo para el 2028 luego de casi 20 años de su primera adjudicación.
Otra obra largamente esperada y que mejoraría la imagen internacional de Chile, tanto como su conectividad, es el Metro al Aeropuerto. Aunque aún se estudia si es subterráneo o superficial, en el año 2027 debería iniciarse la construcción para estar operativo en 2032.
En términos portuarios, los dos enclaves más importantes de la zona central comienzan a tomar forma. En el caso del Puerto de San Antonio, se espera que la adjudicación del contrato ocurra durante el primer trimestre de 2026, comenzando las obras para estar en operación el molo de abrigo a fines de 2034. La inversión global de este terminal llega a US$ 1.500 millones.
En el Puerto de Valparaíso, la construcción de la ampliación debería comenzar en 2026 y la iniciativa -que demanda US$ 600 millones- deberá materializarse a contar del año 2030.
Foto: Bloomberg
US$ 2.000 millones para proyecto inmobiliario en Puchuncaví
En octubre del año pasado, y tras siete años de tramitación ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) aprobó la ejecución del proyecto Desarrollo Urbano Maratué en Puchuncaví, emplazado en un área de 1.015 hectáreas de suelo urbano en la Región de Valparaíso.
Se trata del proyecto inmobiliario más grande en carpeta actualmente en el país: contempla, en un plazo de 45 años, más de 14 mil viviendas (a razón de 300 unidades habitacionales por año) con una inversión estimada superior a los US$ 2 mil millones.
Los promotores de la iniciativa (la Inmobiliaria El Refugio, ligada a la familia Lería), están a la espera de la resolución del Comité de Ministros, que debe resolver dos reclamaciones presentadas en contra de la millonaria obra.
La empresa busca obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del máximo ente administrativo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, tras lo cual mandatará a una entidad financiera para buscar un socio estratégico.
En agosto de este año, Claudia Lería, en representación de la inmobiliaria, solicitó “prescindir” del informe no presentado a la fecha por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, dado que, insistió, el plazo se encuentra vencido “pese a las múltiples reiteraciones despachadas” por el Comité de Ministros. Además, pidió que los recursos sean “íntegramente rechazados”.
El 4 de noviembre de este año, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, emitió un oficio (en su calidad de secretaria del comité) en que volvió a solicitar a la Subsecretaría de Servicios Sociales emitir su informe.
El comité debe recopilar informes de distintos organismos públicos antes de la votación de las reclamaciones presentadas por terceros.
Nuevo barrio residencial que proyecta Copec en Viña del Mar
La filial de Empresas Copec, Inmobiliaria Las Salinas, tiene en carpeta el desarrollo de un nuevo barrio residencial en Viña del Mar, en un terreno de 16 hectáreas donde en antaño funcionaron varias petroleras -incluida Copec- pero que ahora, de la mano de este grupo inversor, está entrando en la fase clave para transitar a una vocación inmobiliaria.
La compañía proyecta terminar el saneamiento de la mitad del terreno (el Paño Sur), hacia fines de 2027, para luego tratar el Paño Norte en 2028.
Según ha trascendido, la compañía espera comenzar a levantar este nuevo barrio hacia el año 2027, ya con los permisos y aprobaciones regulatorias requeridas.
Se estiman inversiones por unos US$ 1.300 millones. Se considera que, del total edificado, 65% a 70% será de tipo residencial y 35% destinado a servicios, equipamiento, oficinas, hoteles, un centro de convenciones y comercio. Este último no contempla mall, sino locales de barrio, a la calle, con pocos operadores.
En la parte residencial, se prevé unas 3 mil unidades de departamentos totales, en su mayoría de primera vivienda.
Recientemente, la Corte Suprema le dio un espaldarazo a la iniciativa, tras declarar inadmisibles y rechazados todos los recursos de casación presentados en contra de la RCA favorable del proyecto de descontaminación.
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo, reafirmando la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante todo este tiempo”, dijo la empresa tras conocerse el fallo del máximo tribunal del país.
Desde Copec, se espera que el proyecto genere cerca de 70 mil empleos directos e indirectos.
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