“Luces y sombras del proyecto de nueva Ley de Pesca”, se titula el informe que realizó el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) acerca de la iniciativa que el Gobierno ingresó al Congreso a principios de este año para renovar la normativa.
La motivación principal que ha defendido el Ejecutivo es dotar de legitimidad al sector, debido al caso de cohecho y soborno que empañó la tramitación de la Ley actual. Sin embargo, son temas técnicos los que más críticas han despertado desde el sector industrial, los mismos que toma LyD en su análisis.
Uno de ellos es la redistribución del fraccionamiento pesquero, punto en el que el Gobierno busca redistribuir un mayor porcentaje de cuotas hacia el sector artesanal desde el industrial.
“Este plazo de 10 años es insuficiente para amortizar las inversiones requeridas y basta señalar que la depreciación de un barco pesquero implica más de 20 años”, indicó LyD.
LyD alerta por los riesgos que esto implica poniendo como ejemplo el caso de la reforma que se realizó a la pesquería de la jibia. Esa norma estableció que esta pesquería solo podría extraerse con métodos artesanales, lo que implicó la caída de toda la industria en torno a ella.
“Cuatro años después de la redistribución, los resultados son muy lamentables. La cuota autorizada para la jibia es de 200 mil toneladas, de las cuales actualmente se han extraído, en promedio, sólo 75 mil toneladas, lo que implica una caída de 52% con respecto a lo observado los 4 años previos a la modificación”, se lee el informe. Con esos números, Chile estaría aprovechando solo el 37% de la cuota total y LyD advierte que otros países como Perú han buscado hacerse con esa cuota, que también se distribuye a nivel internacional.
Licencias de 10 años
El otro tema en el que la industria se opone con fuerza al proyecto del Gobierno es en cuanto a la modificación de la duración de las licencias de pesca, las que bajarían de 20 a 10 años, con el fin de darle más dinamismo al mercado.
“Este plazo de 10 años es insuficiente para amortizar las inversiones requeridas y basta señalar que la depreciación de un barco pesquero implica más de 20 años. De hecho, por mencionar algunos ejemplos, una concesión de derechos de agua tiene una duración de 30 años, el reciente acuerdo entre SQM y Codelco será por 30 años y para un puerto las concesiones son de 50 años. En el caso de las licencias pesqueras en otros países, debe tenerse en cuenta que en Nueva Zelanda, Islandia y Dinamarca son indefinidas”, argumenta LyD en esa línea.
El análisis agrega que una licencia tan breve “es algo anómalo” y que llevaría a una “subinversión” en un sector, además de que, según LyD, mientras estas sean transferibles habrá posibilidades de competencia mediante el ingreso de nuevos actores.
Directamente, el informe apunta a que los cambios en licencias y distribución “son malas ideas y generarán gran debate parlamentario”.
Arista científica
Como factor positivo del proyecto, el centro de estudios destacó el reforzamiento al rol de los Comités Científicos en la determinación de las cuotas, pero también subrayó que esto ya ha tenido avances profundos con la norma vigente
LyD señala que 9 de 17 pesquerías han mejorado su estado de sustentabilidad entre 2010 y 2022, según datos de Subpesca. El caso más importante, el del jurel -que por sí solo representa el 37% de los desembarcos pesqueros y pasó de estar agotado a un régimen de plena explotación, alcanzando una cuota de 824 mil toneladas para 2024, muy por encima de las cerca de 200 mil toneladas que rondaba el desembarque anual en 2012.
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