Tras meses de incógnita y como lo había prometido la semana pasada, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, detalló ayer ante una serie de diputados los cambios que realizará para dar viabilidad a la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La reforma prometida por el gobierno había sido ingresada por su antecesora Marcela Cubillos, pero a las pocas semanas asumió en Educación. Tras un largo proceso de escuchar opiniones, Schmidt hizo cambios.
Y en este caso la novedad de la reforma está dada por los aspectos que sacará de la discusión, para tener una iniciativa más acotada, pero que permita generar mayores consensos.
“Con este nuevo proyecto buscamos fortalecer la descentralización en la toma de decisiones, potenciar la mirada técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y generar un acceso igualitario a la justicia en materia ambiental, además de fortalecer los procesos de participación ciudadana dentro de la tramitación. De esta forma, se avanzará en la tramitación de un proyecto que genere mayo consenso”, dijo.
Así, en el texto que se presentará se sacará de la discusión la Participación Ciudadana Anticipada, antes que un proyecto de inversión ingresara al SEIA. Ante las críticas y diferencias de opinión respecto a todas las implicancias del mecanismo, se optó por no insistir en la medida y fortalecer procesos que ya están contemplados.
En esto habría pesado la opinión que en su momento dio la Corte Suprema respecto a cómo estaba planteado el mecanismo, que había pedido precisar si esto aplicaba para los procesos de consulta indígena.
Así, de haber insistido, se debería haber diseñado una consulta indígena, lo que habría requerido mayor tiempo para su trámite.
De esta forma, se optó por ampliar la participación ciudadana a todos proyectos -no solo a los Estudios o Declaraciones con carga ambiental- y se dará capacitación a las comunidades.
“Ahora se establece que todo proyecto puede tener la posibilidad de participación ciudadana. Basta que la soliciten 20 personas naturales o dos organizaciones ciudadanas. Con esto se acaba esta situación de incertidumbre jurídica”, recalcó Schmidt.
Otro ajuste es que ya no se constituirán macrozonas para evaluar los proyectos, sino que se mantendrán las comisiones regionales, que estaba generando ruido entre funcionarios.
Las comisiones regionales serán la etapa final de la decisión administrativa, para luego pasar a los Tribunales Ambientales, eliminando los recursos ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según correspondiera.
“Donde no había ningún tipo de consenso era en las macro zonas, que se veían como una instancia que centralizaba la toma de decisiones en vez de descentralizarla. Y por tanto también ahí había una diferencia grande que impedía poder avanzar con el proyecto”, dijo la ministra.
Otros cambios apuntan a dar certeza jurídica dentro del sistema, estableciendo el carácter vinculante de las consultas de pertinencia, que es una solicitud donde un privado pregunta al servicio si debe o no ingresar a trámite ambiental.
Además se establece la obligatoriedad de que los pronunciamientos de los distintos servicios que participan de un trámite ambiental sean relacionados con su competencia y no con otros temas.
Otro frente es el acceso a la justicia ambiental. El cambio propone que la reclamación sea para cualquiera que tenga interés y se dará un plazo mayor, de 40 días, para acudir a esta instancia.
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