Este lunes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó un nuevo requerimiento por colusión, esta vez en contra de siete empresas -y ocho de sus ejecutivos- que procesan centolla en la Región de Magallanes. La coordinación entre estas compañías se habría desarrollado al menos entre los años 2012 y 2021.
Según el relato de la FNE, la colusión tenía como finalidad fijar los precios por los que se compra la centolla a los pescadores artesanales de la zona, quienes venden el recurso a las empresas para ser procesado.
De esta manera, la Fiscalía explicó que los ejecutivos se contactaban entre sí con la intención de “intercambiar información estratégica” sobre los precios que pagarían. Dicho intercambio, dijo la entidad liderada por Jorge Grunberg, se realizaba al inicio de la temporada extractiva, para definir el precio de compra inicial, y así se abordaban otra materias, como las proyecciones sobre el mercado de exportación.
Posteriormente, ocurrían otros intercambios durante el periodo extractivo, con el fin de retrasar o contener aumentos de precios, usualmente ante presiones de los pescadores artesanales o de los acarreadores -quienes transportan la centolla hasta los muelles de desembarque- para subir los valores.
Así, la FNE detectó contactos entre las procesadoras para ver cuánto estaban pagando sus competidores o cuál sería su estrategia en futuras compras, “neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, según dijo en su requerimiento.
Las coordinaciones
En el detalle, el escrito de la Fiscalía plantea que había contactos presenciales -en muelles, ferias internacionales o reuniones locales-; vía telefónica; o también por WhatsApp.
Los ejecutivos identificados por la FNE en estos contactos son Catalina Besnier, de International Seafood; Edmundo Díaz, de PMPW; Fernando Ossa, de Bahía Chilota; Mauricio Inostroza, de Cabo Froward; Mario Fernandino, de Proyecta; Ricardo Anguiano, de Eldap; y Mónica Cárdenas, y Rodrigo Allimant, de Bakkavör. Estos dos últimos ejecutivos (y su respectiva empresa) fueron quienes se acogieron al beneficio de delación compensada y colaboraron con la Fiscalía en la investigación.
“Esta práctica de conversar, de compartir esta información de ‘oye, este precio es verdad, está subiendo, los viejos están diciendo esto’ (…) es de muchos años, es de una práctica normal que pasó a ser algo sancionado por ley”, dijo Cárdenas en su declaración.
Con todo, la FNE acompañó en su requerimiento una serie de conversaciones interceptadas. A modo de ejemplo, un WhatsApp enviado por Besnier a Cárdenas, en 2017, se lee: ““Moni!!! Cuánto vas a partir pagando? Estoy con don feña, 3200 será? (sic)”.
Por otra parte, la Fiscalía hizo hincapié en que, a pesar de que las firmas se comunicaban bilateralmente, compartían información de toda la industria, que recababan de otras plantas. “(Eldap) pagando en planta 9.300 lo mismo que froward (sic)”, dice otra comunicación entre los ejecutivos de Bakkavör.
Y en 2020, la situación comenzó a explotar. En medio de la crisis de la pandemia por Covid-19, las empresas rompieron una tendencia de fijar un precio igual o superior a la temporada anterior. Eso generó que los pescadores artesanales acudieran a la prensa local, reclamando por los bajos precios, lo que fue publicado en medios como Radio Porvenir y El Pingüino. Pero además, provocó que ingresara una denuncia anónima de un particular a la FNE, que terminaría en el requerimiento ingresado esta semana.
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Martín Baeza
