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Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2015 a las 12:42 hrs.
Tras las críticas planteadas por algunos parlamentarios que han propuesto modificar Ley de Pesca (también conocida como "Ley Longueira"), a raíz de algunas investigaciones judiciales que apuntan a sobornos recibidos por parlamentarios para aprobar la iniciativa, la Sociedad Nacional de Pesca hizo un llamado a la prudencia para evitar generar incertidumbre innecesaria en el sector.
"Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su reciente implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del Gobierno de Chile, por la FAO de Naciones Unidas", expusieron.
"La Sociedad Nacional de Pesca concuerda con esta evaluación, pues toda legislación es perfectible, pero formula un llamado a la prudencia para evitar generar incertidumbre innecesaria" en el sector, según agregaron.
Por otra parte, defendieron el "amplio debate" realizado en la discusión del proyecto de ley.
"La institucionalidad pesquera chilena es el resultado de un amplio y público debate, llevado a cabo en el Parlamento y en el Tribunal Constitucional con la participación de todos los sectores políticos, entidades científicas, académicos, autoridades sectoriales, los más destacados especialistas pesqueros, organizaciones no gubernamentales protectoras del medio ambiente y, por supuesto, de todos los actores de la industria", expuso el gremio en un comunicado.
Según expusieron, la Ley de Pesca logró mejorar la posición de los pescadores artesanales, que incrementaron sus cuotas de captura, mientras que la pesca industrial vio reducida su participación en la producción total.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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