“Lecciones que aprender”

A un año de revelarse al conocimiento público el fraude de La Polar y aquietadas las reacciones de escándalo que provocó su impacto, surgen al interior de las sociedades anónimas lecciones claras a aprender y conductas necesarias a asumir para que hechos como éste no queden sólo en recriminaciones y entreguen la enseñanza que conllevan.



Especialmente para aquellas empresas donde se invierte el ahorro previsional de los trabajadores y donde el efecto de una gestión anómala o irresponsable puede afectar el futuro de millones de personas que no tienen la oportunidad de defenderse por sí solas frente a decisiones de terceros que los pueden afectar en forma directa.

En este contexto, por encima de la mayor regulación que se pueda introducir y del mayor control que puedan ejercer los organismos responsables, la lección que se desprende de este lamentable caso es la necesidad que las sociedades anónimas -y en especial sus directorios- establezcan gobiernos corporativos que permitan, tanto a cada director en particular como a todos los actores del mercado financiero, conocer en forma oportuna y transparente la información necesaria para tomar decisiones apropiadas respecto de la empresa.

Especial meticulosidad deberá adoptarse en la selección y trabajo de los auditores externos para que cumplan con los requisitos técnicos y humanos de idoneidad que son indispensables para la tarea que se les encomienda e igual acuciosidad y celo habrá de esperarse de los organismos reguladores externos, responsables de asegurar un funcionamiento transparente y sano de los sistemas.

La deficiente gestión de la información, que es una obligación inherente al directorio y de responsabilidad ineludible de cada director, es el origen del problema y lo que permitió las actuaciones de ejecutivos que hoy juzga la justicia.

Surge -entonces- como necesario hacia el futuro, contar en las empresas donde invierten las AFP los fondos, no sólo con profesionales preparados y comprometidos, sino además con mecanismos y prácticas de buen gobierno que aseguren la información debida a los directores sobre las situaciones de la gestión que puedan comprometer al negocio y a los inversionistas.

Y no se trata sólo de la redacción de un Manual o de la formación de comités que se piensen necesarios, sino del compromiso y voluntad de los responsables de la empresa de institucionalizar procesos y proporcionar reportes que efectivamente permitan asegurar el cumplimiento de las normativas, monitorear los riesgos del negocio y asegurar que la información que se entrega a los accionistas y al mercado financiero tenga la debida confiabilidad.

La adopción de las buenas prácticas de gobierno, sin embargo, no debe verse sólo como una conducta corporativa cuyo propósito único sea evitar los casos como el de La Polar. Sería ilusorio pensar, y así lo demuestra la experiencia, que situaciones de engaño u ocultamiento de información vayan a dejar de ocurrir sólo por la dictación de una norma o porque se declare una intención en un documento.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo deben ser la materialización permanente de conductas personales de los directores y de los gestores, quienes junto con fiscalizar los niveles de riesgo que toma la administración, puedan contar con antecedentes apropiados para planificar la sustentabilidad en el largo plazo y permitir a las empresas alcanzar su máximo potencial como empresas exitosas y rentables.

Quizá si la necesidad de avanzar hacia conductas de mayor madurez empresarial, que nos consolide como un país moderno, sea la mejor lección que, en la perspectiva del tiempo, pueda rescatarse de esta vergonzosa experiencia.