La Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA) estimó que Chile carece de la infraestructura logística y técnica para cautelar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y que antes de exportar estos materiales tóxicos, el país debiera hacer el esfuerzo por reciclarlos dentro de las fronteras nacionales.
El reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el 14 de julio de 2022, pero aún no pasa el filtro de la Contraloría. En su investigación, AEPA solicitó información a las principales instituciones a cargo de autorizar, administrar y registrar a las empresas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos tanto en actividades como el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la valorización de estos materiales, como el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones.
“Existe la necesidad de reducir al mínimo estos movimientos. La mejor manera de minimizar los riesgos asociados a los desechos peligrosos es que se eliminen en el Estado donde se generaron”.
El informe de la AEPA es lapidario. En él se señala que si bien existe un Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes, la investigación de AEPA revela que la propia Contraloría General de la República ha evidenciado "falencias y brechas a nivel nacional para el control, trazabilidad y fiscalización en materia de residuos". Por ello, a juicio de los expertos ambientales, "ampliar la exportación de residuos como lo es autorizando el movimiento transfronterizo" es una "decisión que impactará negativamente".
Según Medio Ambiente, esta norma busca adecuarse al Convenio de Basilea ratificado por Chile en 1992. Pero la entidad experta señaló que el objetivo de este acuerdo es permitir el movimiento transfronterizo solo si "el Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni los servicios requeridos o de lugares de eliminación adecuados".
La AEPA advierte que se debería verificar si "esta modificación (la norma aprobada por el Consejo de Ministros) no violaría derechamente el texto y el espíritu del Convenio de Basilea ratificado por Chile en 1992". Una enmienda a ese convenio realizada en 1995 prohibe exportar residuos peligrosos a los estados que son miembros de la OCDE, la Comisión Europea y Liechtenstein.
La entidad señala que hay una ley -la 20.920- que busca disminuir la generación de desechos, siendo elementos prioritarios los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Ahí se establece que "se prohíbe la importación de residuos peligrosos para su eliminación" y la "importación de residuos peligrosos para su valorización sólo será autorizada si se acredita ante el Ministerio de Medio Ambiente que aquella será efectuada por gestores autorizados que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental".
La entidad indicó que hay varias interrogantes que deja la norma aprobada por los ministros. "¿Cómo afecta el movimiento transfronterizo de residuos la huella de carbono y el aumento del C02 a nivel nacional? ¿Este reglamento tuvo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible , hoja de ruta de la economía circular?".
"Es necesario solicitar garantías al Estado de Chile de la existencia de mecanismos idóneos que permitan garantizar el cumplimiento de los fines sanitarios, ambientales y de cambio en el modelo económico que se plantean en los objetivos de desarrollo sustentables", sostiene el informe.
El abogado experto en derecho ambiental, Lorenzo Soto, concuerda en que la norma es inapropiada porque el Convenio de Basilea busca que los propios países se hagan cargo de la eliminación o la mitigación del daño que provocan sus propios residuos.
El Caso del Plomo
La AEPA analizó que pasa con las baterías de plomo usadas actualmente a nivel nacional existe un decreto supremo que "prohibe el movimiento trasfronterizo de baterías de plomo usadas desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos".
"La falta de fiscalización y entes fiscalizadores ocasionarían graves impactos en la apertura de la exportación de baterías fuera de uso, teniendo en cuenta que actualmente no existe fiscalización aduanera para los residuos peligrosos y para los residuos no peligrosos sólo se fiscaliza el 2,5% de las exportaciones", revela el informe.
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