A pocos días de que el Gobierno cediera en la definición de sitios prioritarios vinculados a la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), otra normativa para resguardar ecosistemas avanzó con fuerza. Se trata de la creación de la Red de Salares Protegidos, iniciativa que fue aprobada este lunes por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, encabezado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
En concreto, la política pública busca incorporar 26 ecosistemas de lagunas y salares en 15 nuevas áreas bajo protección oficial, concentradas principalmente en las regiones de Antofagasta y Atacama. La meta es aumentar la superficie protegida al 32%, considerando que las zonas actualmente resguardadas abarcan cerca del 8% de los salares altoandinos.
Estas áreas debieron someterse a consulta pública e indígena, proceso que se desarrolló hace algunas semanas en la comuna de Diego de Almagro, con la participación de comunidades Colla, las cuales entregaron su visto bueno.
Así, en esta primera etapa, y con el respaldo del Consejo y de las comunidades, se definieron 10 salares y lagunas altoandinas de Atacama que darán origen a seis nuevas áreas protegidas: Parque Nacional de las Lagunas Bravas; Reserva de Región Virgen Lagunas Collas; Reserva Nacional Salar de Pedernales; Reserva de Región Virgen Pisacas; Parque Nacional Salar de Gorbea; y Parque Nacional Salar de Las Parinas.
“Este es un esfuerzo país, y seguiremos avanzando con decisión junto a los otros ministerios involucrados”, señaló la titular de cartera, Maisa Rojas.
Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente.
Tras la aprobación de la iniciativa, la ministra Rojas destacó que la medida representa un avance relevante en la estrategia productiva nacional, al poner la conservación de humedales altoandinos en el centro del modelo. “Con esta red estamos asegurando que el desarrollo del litio se haga cuidando los ecosistemas y respetando a las comunidades que habitan en estas zonas únicas del país”, señaló.
Y agregó que están "construyendo un marco institucional robusto para desarrollar el litio con valor agregado y protección ambiental real. Este es un esfuerzo país, y seguiremos avanzando con decisión junto a los otros ministerios involucrados”.
La ministra de Minería, Aurora Williams, también valoró el avance. “Es un día inédito porque hemos creado la primera parte de la Red de Salares Protegidos, un eje fundamental en la Estrategia Nacional del Litio, ejemplo de articulación del Estado que promueve una minería responsable, con equilibrio ambiental y social”, destacó.
La propuesta se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Chile -que buscan proteger el 30% de los ecosistemas al 2030- y en las medidas contempladas en la Estrategia Nacional del Litio.
Sonami responde
A pesar del entusiasmo de las autoridades, desde el mundo privado observan esta nueva política pública con recelo. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, señaló que como gremio desconocen cuál es el procedimiento legal para avanzar en la protección de una serie de salares, recalcando que la Estrategia Nacional del Litio no cuenta con regulación legal y que estos ecosistemas debieran regirse por la Ley SBAP.
“Lamentablemente, este parece ser otro atajo del Ministerio del Medio Ambiente para saltarse las reglas y dictar decretos de amarre. La protección de la biodiversidad se debe realizar de manera equilibrada, respetando los derechos adquiridos y sin sacrificar actividades productivas que permiten el progreso económico”, recalcó Riesco.
El dirigente gremial agregó que, en el caso de la minería del litio, son múltiples las faenas, proyectos y concesiones que se verán afectadas; por lo que hizo un llamado al Gobierno “a que sea prudente y piense en el enorme daño que le puede hacer esto a Chile y a las comunidades de proyectos afectados”.
Pese a la luz verde del Consejo de Ministros, aún quedan etapas administrativas por cumplir. La iniciativa debe pasar por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y posteriormente por la toma de razón de la Contraloría. Así, la industria estima que el proceso podría quedar completamente tramitado dentro de un par de meses.
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