El republicano David Jolly introdujo ayer un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales comprar productos de Apple hasta que el gigante tecnológico preste su ayuda para acceder a la información cifrada en el teléfono de uno de los autores del atentado terrorista de San Bernardino.
La semana pasada, Jolly criticó a Apple durante una audiencia en el Congreso por rechazar una orden judicial que le obliga a desbloquear el iPhone de Syed Farook, que junto con su esposa participó en el ataque en el que murieron catorce personas en diciembre pasado.
La orden ha dado lugar a una lucha legal y política sobre la seguridad nacional y la privacidad del consumidor. Apple ha insistido en que la creación de un software que desactive los mecanismos de seguridad pondría en peligro la información personal en todos los iPhone.
Al presentar la propuesta, Jolly dijo que la reacción de Apple podría haber contribuido o podría contribuir a otros actos de terrorismo. El FBI quiere investigar si el teléfono incluye las comunicaciones con otras personas que podrían tener conocimiento de este incidente o futuros actos terroristas.
Las empresas del sector se están uniendo en torno a Apple para apoyarla en la disputa. Google, Facebook, Microsoft y varias otras firmas tecnológicas presentaron ayer una iniciativa legal solicitando a un tribunal que respalde la posición de Apple, dijo una fuente citada por Reuters.
El procedimiento, conocido como “amicus”, es un comentario externo utilizado en casos complejos.