La ley corta de isapres se tramita con el objetivo central de dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -que implica que las aseguradoras realicen devoluciones masivas a sus afiliados- y a la vez atender la crisis financiera que viven estas empresas, que las tiene en riesgo de insolvencia y que se ahondará con la aplicación de esta sentencia: de ahí la urgencia del proyecto y que la discusión en el Congreso se haya centrado en la magnitud de la deuda del sistema y las alzas en los planes que conlleva.
Sin embargo, subyace a estas conversaciones un consenso entre los distintos actores del sector de que el modelo de salud necesita cambios más profundos y estructurales para, más allá de responder a la contingencia, dar estabilidad y certezas de largo plazo. El Gobierno, junto con la ley corta, se comprometió a ingresar durante este año proyectos destinados a este fin y, antes del 1 de octubre, uno específico para eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo.
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Esta necesidad de reforma, coinciden expertos y parlamentarios, se hace más urgente aún, ahora que, en medio de la crisis, algunos grupos empresariales del rubro están pensando entrar al mercado con nuevas isapres. Además de Esencial, que comenzó a operar en 2022, Andes Salud reveló que también tiene planes de crear una isapre enfocada en pacientes de clase media. Y, como dio a conocer DF este miércoles, la Red de Salud UC Christus también ha dado los primeros pasos para establecer su propia isapre.
Emilio Santelices, exministro de Salud
De no mediar una reforma, “las isapres que conocemos se quedarían con las personas de mayor carga de enfermedades y de más edad y, por lo tanto, con costos y primas más altas”.
Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud
“Si es que no se regula adecuadamente (...) profundiza el riesgo de las personas de tener que permanecer en una isapre con mala calidad, donde van a estar atrapados y donde probablemente no van a tener opción”.
Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud del Senado
“Es con mayor razón urgente que el Gobierno acelere, antes de octubre, el cambio en la exigencia de la declaración de salud para permitir la libre movilidad e insertar al sistema privado en regla de seguridad social”.
Daniela Sugg, CEO de Sugg y Asociados
La idea de que existan nuevas compañías “debiera sumar a un debate más profundo sobre la reforma a la salud, porque la ley corta busca subsanar un tema muy puntual y efectivamente se queda corta”.
Sergio Gahona (UDI), senador de la Comisión de Salud
“Lo importante es pensar en una reforma integral a la salud en Chile (...) el sistema de salud, más allá de la ley corta, necesita una reforma, y especialmente el sector privado”.
“Era un fenómeno esperable y probablemente van a seguir apareciendo grupos económicos interesados”, dice el exsuperintendente de Salud Patricio Fernández. “Porque hay una doble motivación. Por una parte, resguardar la red de prestadores que tienen y, en segundo lugar, por la alternativa de negocios que hay en captar a personas sanas de otras isapres, o incluso a las que se están incorporando a la vida laboral”.
Las nuevas compañías ingresarían sin la deuda con que cargan las otras isapres y con la ambición de capturar la fuga masiva de afiliados, lo que, entre distintos actores de la industria, explica el interés por entrar al mercado en medio de la crisis.
Y si bien los expertos coinciden en que la competencia siempre será algo positivo para la industria, alertan que, sin reformar el sistema, la entrada de nuevos actores podría perpetuar y profundizar algunas de sus falencias.
El peor de los casos
Fernández recuerda que hoy el sistema “no funciona en forma correcta”, con la mayoría de las isapres en un riesgo financiero importante y con una fuga masiva de afiliados al sector público. De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por la Superintendencia de Salud, las isapres perdieron más de 360 mil afiliados en 2023, cayendo a alrededor de 2,7 millones de beneficiarios.
“Si es que no se regula adecuadamente, está el riesgo de que los nuevos actores que ingresen capten solamente a personas jóvenes sanas, con menor uso de prestaciones, y que las personas enfermas se queden en estas isapres que están en una condición bastante más desmejorada, lo cual profundiza el riesgo de las personas, de tener que permanecer en una isapre con mala calidad, donde van a estar atrapados y donde probablemente no van a tener opción, porque las nuevas isapres tampoco recibirían a las personas con preexistencias”, plantea el exsuperintendente.
Por esas mismas razones es que el exministro de Salud Emilio Santelices llama a esas eventuales aseguradoras nuevas “isapres clase turista”, puesto que ofrecerían una prima mucho más baja, capturando a personas jóvenes, mientras que “las isapres que conocemos se quedarían con las personas de mayor carga de enfermedades y de más edad y, por lo tanto, con costos y primas más altas”.
Reforma como salida
La solución, argumenta Santelices, está en que el Gobierno “honre su palabra” y presente una Ley para “transformar efectivamente a las isapres bajo una lógica de seguridad social”. En ese caso, considera, las nuevas compañías serían una buena noticia, “porque lo que tendríamos es mayor presencia de actores bajo una lógica de seguridad social, en donde se terminan las preexistencias y se genera la libre movilidad sobre la base de una mancomunión del riesgo entre las isapres”.
Daniela Sugg, economista de la salud y CEO de Sugg y Asociados, afirma que la idea de que existan nuevas compañías “debiera sumar a un debate más profundo sobre la reforma a la salud, porque la ley corta busca subsanar un tema muy puntual y efectivamente se queda corta”.
El mercado, dice la especialista, se mueve por incentivos, que hoy día están dando espacio a generar seguros adicionales. “Entonces, es el momento para darle cabeza a cómo tú vas a regular los seguros de salud en su totalidad, no solamente lo que es isapre”, agrega, apuntando a que hoy también existe una proliferación de los seguros complementarios.
Santelices, por otra parte, también cree que, de añadir ingredientes de seguridad social, el sistema cambiaría virtuosamente, pues tanto isapres como clínicas tendrían incentivos para trabajar con una mirada de largo plazo y buscar prestaciones que busquen prevenir los daños y el riesgo de enfermedades crónicas, para disminuir el riesgo.
Voluntad política
El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, también estima que, con nuevas isapres en carpeta, la reforma “se hace perentoria (...) Es con mayor razón urgente que el Gobierno acelere, antes de octubre, el cambio en la exigencia de la declaración de salud para permitir la libre movilidad e insertar al sistema privado en regla de seguridad social, que es lo que nunca ha ocurrido en más de 40 años”.
Y aventura: “Es cosa de que el Gobierno precise el momento y que lo haga lo antes posible, porque de lo contrario puede ser muy tarde. Por el colapso de algunas (isapres) y por el florecimiento de nuevas instituciones bajo reglas antiguas, que van a desencadenar nuevos procesos de judicialización”.
Desde la otra vereda política, el senador Sergio Gahona (UDI), también de la Comisión de Salud, no cree que estos proyectos condicionen la ley corta, porque responde a una crisis puntual, pero sí “que lo importante es pensar en una reforma integral a la salud de Chile y, desde el ámbito del sector privado, esa reforma parte por poner término a las declaraciones de salud, con algún mecanismo que permita darle viabilidad, como a otras situaciones relacionadas con las discriminaciones (...) Sin duda, el sistema de salud de Chile, más allá de la ley corta, necesita una reforma y especialmente el sector privado”.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, en tanto, acotó que mientras una empresa cumpla los requisitos legales, podrá crear una isapre. Eso sí, cumpliendo con la nueva tabla de factores, sin cobrar a los menores de dos años y con las demás reglas del juego que queden establecidas tras el proyecto promulgarse la ley corta.
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