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REGÍSTRATE AQUÍPor mantener en sus registros a clientes con deudas adquiridas con compañías de servicios básicos, lo que es ilegal.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 14 de mayo de 2009 a las 12:23 hrs.
El
Sernac informó que denunciará a la Justicia al Boletín Comercial, a Dicom y a un grupo de empresas por publicar deudas adquiridas con
compañías de servicios básicos transgrediendo con ello la Ley de Protección de
Datos Personales que señala claramente que "no podrá comunicarse información
relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que
proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas".
La acción judicial se origina tras más de dos años de
ocurrido el incidente de la
empresa Claro, cuando el Sernac detectó, a través de los
reclamos de consumidores, que la empresa estaba enviando a sus deudores a los
registros de morosidad.
Entre la Subtel y el Sernac se recibieron cerca de 180 quejas,
no obstante, el universo de afectados superó los 60 mil considerando a quienes
no habían reclamado, situación que obligó a la empresa a presentar propuestas
de solución.
En esa oportunidad y a raíz de estos hechos, el Sernac exigió
también al resto de las empresas de servicios básicos que explicaran sus
mecanismos de cobranza y todas negaron realizar estas prácticas.
Transcurridos más de dos años de vigilancia, el Sernac
nuevamente ha detectado al menos 13 nuevos casos que pueden representar un
universo indeterminado de consumidores afectados.
El director del Sernac, José Roa, fue categórico en señalar que
la Ley de Protección de Datos Personales es clara, y prohíbe que se comunique en Boletines Comerciales
o Dicom las deudas contraídas con empresas que proporcionen agua, luz, teléfono
o gas, por lo que "es inaceptable que las empresas no estén respetando la Ley y
los derechos de los consumidores menos aún cuando tres años atrás las compañías
afirmaron no realizar esas prácticas".
Roa subrayó que los principales problemas en relación a los
registros de morosidad son la información ilegal como la detectada; información
incorrecta como por ejemplo, mantener a deudores que han repactado sus deudas;
el uso indebido de estos datos en el mercado laboral y la lentitud del proceso
de aclaración que hoy requiere llegar a juicio.
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