Por Andrés Pozo B.
A través de la vía administrativa, el gobierno concretó ayer el apoyo a la postura impulsada por los agricultores respecto de quitar a las empresas sanitarias la posibilidad de comercializar las aguas servidas tratadas que manejan, obligándolas así a restituir a los cauces estas aguas.
Esto, porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) comenzó a oficiar a las empresas del sector sobre su nueva interpretación de la ley, cambiando la postura que había mostrado en documentos de los años 1995, 1996, 1999 y 2002.
El texto fue valorado por los agricultores representados por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
En la contraparte, las sanitarias citaron a una reunión extraordinaria de directorio para hoy a fin de analizar los alcances. Sin embargo, la medida estaba dentro de lo esperado.
Alternativas
El gobierno barajaba alternativas para concretar el apoyo a los agricultores. Además de la administrativa -que es la más rápida-, se contemplaba una legislativa, impulsando un proyecto de ley que reinterprete la norma y de certeza jurídica a largo plazo.
A través de un comunicado, la SISS explicó que “cuando el usuario paga en su tarifa por este servicio (de tratamiento de aguas de servidas), lo que hace es financiar su depuración para que esas aguas que vierten en las redes públicas sean devueltas al medio libre de contaminación, no siendo un fin de la tarifa que tal tratamiento sirva para otros propósitos diferentes de los informados en la concesión”.
Certeza jurídica
Desde la SNA valoraron la medida impulsada por el gobierno. Patricio Crespo, director del gremio, señaló que “estamos conformes, porque se restablece el espíritu de la ley, según nuestra interpretación”.
Por su parte, el senador RN José García Ruminot dijo que “siempre sostuvimos que las empresas sanitarias son de giro único. Está fuera de su giro vender las aguas tratadas”.
Y agregó que aunque la interpretación apunta en sentido correcto, es conveniente tener una ley que de certeza jurídica a largo plazo en el tema.