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Publicado: Miércoles 30 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Un tema de preocupación nacional es medir el impacto que, en el ámbito social, tiene el financiamiento que reciben las empresas, manifestó el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky (en la fotografía).
“Cuando un banco le presta a una empresa que actúa responsablemente, se reduce el conflicto social, y eso nos beneficia a todos. Pero también se hace daño cuando se le presta a una compañía que daña el ambiente”, dijo.
Por ello, anunció que la SBS implementará en el sistema financiero local una regulación sobre el Riesgo Crediticio Social.
En buena cuenta, esta normativa buscará que las entidades financieras evalúen el riesgo de las empresas, vinculado a cómo y en qué medida sus actividades afectan el medio ambiente.
Entre las instituciones financieras, un crédito expuesto a mayor riesgo, debe ser cubierto con más requerimientos de provisiones. De esta forma, se reduce el incentivo para que el sistema financiero otorgue estos préstamos.
“Si hay mucho riesgo social, se entorpece el funcionamiento de todo el sistema económico. Puede causar problemas muy grandes. La inestabilidad social y la percepción de los excluidos es un tema que nos compete a todos”, subrayó el superintendente, durante el Perú Banking Day.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.