El gobierno prepara una dura ofensiva en contra de las cadenas de
farmacias, la que incluso podría traducirse en sanciones penales para
los casos de colusión, a propósito del reconocimiento, por parte de
FASA, de la existencia de acciones de coordinación con Cruz Verde y
Salcobrand para incrementar el precio de más de 200 medicamentos.
El
ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio
Viera-Gallo, afirmó que se evaluará “sancionar penalmente” los casos de
colusión. El secretario de Estado aseguró, además, a la salida de un
cónclave en que varios ministros se reunieron a analizar el tema, que
se pondrá suma urgencia al proyecto de ley que “mejora la organización
y la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, e
incluso vamos a evaluar la posibilidad de sancionar penalmente a
quienes cometan estas infracciones y en tal caso, habría que buscar la
fórmula para ver cómo se articula la acción del fiscal Nacional
Económico con ... el Ministerio Público”.
Publicación de precios
No
fue la única conclusión del cónclave en La Moneda, donde participaron
además la ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá; el
ministro de Salud, Álvaro Erazo; el fiscal económico, Enrique Vergara;
y el director del Sernac, José Roa.
Viera Gallo adelantó que se
promoverá una fiscalización “más eficaz” del cumplimiento por parte de
las farmacias de las exigencias legales de su actividad, como es la
publicación de precios. Esta responsabilidad recaerá en las secretarías
regionales ministeriales (seremi) de Salud.
“Los seremis van a
estar más atentos y sancionarán las irregularidades. También se
estudiará la ley de uso de datos personales para controlar que las
farmacias no usen las recetas médicas para llegar a acuerdos con los
laboratorios sin el consentimiento del paciente”, dijo el ministro.
Agregó que lo que “estamos haciendo es coordinar todas las
instituciones del gobierno que correspondan para que en este caso, que
ha conmocionado justamente a la opinión publica, las autoridades
ejerzan todas sus atribuciones”.
Venta a través de Cenabast
El
“mea culpa” de FASA reactivó la posibilidad que la Central Nacional de
Abastecimiento (Cenabast) venda remedios para regular el mercado.
En
la reunión, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, planteó que, en la
práctica, la Cenabast, a través de su intermediación, “sirve como una
espejo para el precio de los medicamentos”.
Viera Gallo explicó
que el mismo Erazo se comprometió a evaluar si es necesario hacer una
cambio legal al DFL de la entidad para permitir la venta al público.
Asimismo,
se determinó que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) adopte
todas las acciones legales necesarias para que los afectados por la
conducta colusoria de las farmacias puedan ser indemnizados.
Tribunal Constitucional habría fallado contra Cruz Verde
A últimas horas de ayer el Tribunal Constitucional habría notificado
a la cadena de la familia Harding, Cruz Verde, que declaró inadmisible
el recurso de inaplicabilidad presentado por el abogado de la farmacia,
Pedro Mattar.
El abogado pidió en un escrito ante el organismo
conocer las pruebas con que la Fiscalía Nacional Económica busca
acreditar que hubo colusión entre las tres distribuidoras de
medicamentos más grandes del país, para incrementar el precio de 222
remedios.
El objeto de la solicitud pasó por conocer las pruebas
para luego elaborar la contestación ante el Tribunal de Defensa de La
Libre Competencia.
Mattar presentó un escrito donde indica que
en el requerimiento presentado por la Fiscalía no queda claro “cuándo,
cómo, por quién, se habría celebrado el acuerdo de voluntades para la
colusión imputada y cómo ello se acredita con antecedentes de cargo”,
cita el documento.
Con lo anterior, el caso seguirá su curso normal en el TDLC.
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