La Justicia argentina determinó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá acudir el próximo 20 de octubre a declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.
Esta es la segunda vez que Fernández es llamada a declaración indagatoria desde que dejó la Presidencia, luego de que en abril pasado se sentara frente al juez por presunto perjuicio económico al Estado por la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato.
Ahora, el juez federal Julián Ercolini dispuso en un dictamen de 29 hojas la citación de la ex jefa de Estado y otras 33 personas, entre ellas exmiembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Lázaro Báez.
El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos" a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez -actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del estado.
Además, Ercolini dictó como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de 17 de los citados, entre ellos la ex jefa de Estado.
Ya el pasado 16 de agosto la Fiscalía argentina solicitó al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública.
El Ministerio Público del país vecino vio indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
olítica, mediática y judicial.
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