El escándalo de corrupción en Odebrecht, reconocido por la propia constructora brasileña ante la justicia de Estados Unidos, abrió la caja de Pandora y desencadenó un efecto dominó en la región: se han iniciado investigaciones judiciales que han llevado tras las rejas a funcionarios de Brasil, Colombia y Perú. Existen sospechosos en Argentina, Ecuador asumió el compromiso de investigar a fondo el caso y Venezuela se ubica como el segundo país con la mayor suma de sobornos a miembros del gobierno.
Pero, hasta el momento, la cara más visible es la del ex presidente peruano, Alejandro Toledo, sobre quien pesa la acusación de haber recibido pagos desde la firma y quien se ha convertido en la primera figura de alto nivel con una orden de prisión preventiva.
Sin embargo, en esa nación tampoco escapan de señalamientos personajes de la talla del actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski –quien fue ministro de Economía y primer ministro durante la gestión de Toledo–, los ex mandatarios Alan García y Ollanta Humala, y otros protagonistas de la política nacional.
Además, a la lista de implicados se sumó el miércoles el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, tras la denuncia de que su equipo de campaña de 2014 recibió financiamiento por medio de intermediarios de la constructora.
Así, bajo la administración de Marcelo Odebrecht se destapó el que podría ser el escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia, al descubrirse que la firma pagaba para adjudicarse obras importantes en los 27 países donde opera. Desde 2001, habrían sido casi US$ 800 millones en coimas asociados a más de 100 proyectos en doce naciones.
Ojos sobre Toledo
Para hoy está prevista la audiencia que analizará la solicitud de prisión preventiva de 18 meses para Toledo, luego de que fuera acusado de tráfico de influencias y lavado de activos.
El líder del partido Perú Posible, quien ejerció la presidencia entre 2001 y 2006, es acusado de recibir alrededor de US$ 20 millones para favorecer a Odebrecht en la concesión de la autopista Interoceánica Sur.
Si se hallan fundamentos que respalden la denuncia, se iniciarían los trámites para su captura internacional y, de ser detenido, sería el segundo jefe de Estado tras las rejas después de Alberto Fujimori quien cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Por ello, su equipo de defensa – que reveló que su cliente estaría en Francia– ha iniciado una dura batalla para tratar disminuir la condena y pretende esgrimir la prescripción del delito de tráfico de influencias, que habría ocurrido hace más de ocho años.
Más citaciones
En tanto, en Lima, la Justicia se prepara para recibir testimonios de posibles involucrados con la construcción del Gasoducto Sur, que fue cancelada a finales de enero en medio de las investigaciones del caso Odebrecht.
El primer turno será el de los ex mandatarios Alan García y Ollanta Humala, quienes tomarán la palabra el 16 y 17 de febrero, respectivamente. Ayer, García aseguró que acudirá aunque aclaró que el proyecto fue firmado durante el gobierno de Humala. “No en el mío”, apuntó.
Keiko Fujimori, ex rival presidencial de PPK, también deberá testificar el 20 de febrero y el turno del actual jefe de Estado ha sido fijado para tres días después.
PPK, quien ha negado cualquier vínculo con hechos irregulares, prometió total colaboración con las pesquisas, y sobre la implicación de Toledo apuntó que “él debe regresar al país” a responder. “La justicia debe ser para todos”, aseguró.
A pesar de su promesa de luchar contra la corrupción, su posible relación con este escándalo podría golpear aún más su popularidad que viene declinando. Entre diciembre y enero, su respaldo cayó ocho puntos porcentuales, al pasar de 53% a 45%, mientras que su desaprobación se elevó de 38% a 48%.
Investigación en Colombia
Mientras, el escándalo se extiende hasta el norte de la región. En Colombia, el presidente Santos tuvo que salir al paso de las acusaciones que se revelaron en su contra y pidió, a través de Twitter, “una investigación a fondo lo más rápido posible” del caso.
Su pronunciamiento surgió horas después de que el ex senador Otto Bula revelara ante la fiscalía que había destinado cerca de US$ 1 millón –de los US$ 4,6 millones que recibió de Odebrecht para adjudicarse obras– a un empresario cercano a la campaña de 2014 con la que el titular de la Casa de Nariño ganó la reelección.
Aunque el Ministerio Público y decenas de políticos allegados al mandatario negaron la versión de Bula, el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó las indagatorias y asignó a los magistrados del ente que se encargarán de determinar si hubo irregularidades en la campaña de Santos y también del ex candidato opositor Óscar Iván Zuluaga.
En tanto, el ex presidente Andrés Pastrana pidió ayer la renuncia del mandatario agitando el panorama político del país que se prepara para emprender una contienda presidencial en 2018.
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