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Por: Cronista, Argentina
Publicado: Lunes 22 de agosto de 2016 a las 11:34 hrs.
Tras el fallo de la Corte Suprema que frena el aumento en el servicio del gas a usuarios residenciales, el gobierno argentino, liderado por Mauricio Macri, se vio obligado a modificar hoy el presupuesto del país en virtud de destinar US$ 767 millones a subsidios energéticos, tanto para las compañías privadas como para los consumidores, en los servicios de electricidad y gas.
Para ello, recortó en US$ 707 millones las partidas para la compañía estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), según la Decisión Administrativa 886/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial del país trasandino.
En la misma se explica que la modificación se realiza para efectuar "transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y propiciar la cancelación de los pagos pendientes correspondientes a los Programas de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural".
El Gobierno resolvió así otorgar US$ 479 millones en transferencias a empresas privadas, en el marco de la planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Del mismo modo, determinó que US$ 102 millones irán al Fondo Fiduciario de Subsidio a Consumidores Residenciales y otros US$ 130 millones al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos.
Por último, transfirió US$ 56 millones a empresas privadas para la formulación y ejecución de la Política de Energía Eléctrica, con lo cual los montos de redistribución del Presupuesto totalizaron los US$ 767 millones
Para compensarlos, redujo en US$ 56 millones los adelantos del Ministerio de Energía para proveedores y contratistas a largo plazo, y recortó en US$ 711 millones el presupuesto de Enarsa.
La norma lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y el de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
La experta en ética y compliance señaló que si bien el país norteamericano ha sido líder en la materia, los cambios políticos han alterado el panorama.
Según se reportó, se identificaron 10.173 funcionarios a los que se les aplicará sumario, de los cuales 10.038 siguen con proceso administrativo en curso; 80 están cerrados y 55 ya cuentan con una resolución que está en proceso de cierre.
El experto abordó las similitudes entre Corea y Chile, las brechas en el ecosistema local y el potencial para crear empresas conjuntas entre startups de ambos países para llegar a nuevos mercados.